A mediados de año todo parecía cocinado, la voluntad aquiescente del principal partido de oposición parecía estar ratificada en un mensaje de Whatsapp de Pablo Casado a Pedro Sánchez, señalando su disposición a renovar los poderes, con un acuerdo entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP). Hoy, todo parece haber saltado por los aires. ¿Qué se encuentra por debajo de este nuevo bloqueo?
Por Ysrrael Camero – ALnavío
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el cuerpo colegiado autónomo que administra al Poder Judicial, es decir, es el gobierno de los jueces en España, para garantizar su independencia. Está conformado por 20 vocales, nombrados por el Rey, pero elegidos por las Cortes Generales, por el Congreso y por el Senado, por votación calificada.
Son electos por cinco años, pero en diciembre cumplirán un septenio en sus cargos. Los vocales actuales han culminado el período para el que fueron designados, por lo que su sustitución es obligatoria. Pero, en estos momentos, se encuentra bloqueada su renovación. No es la primera vez, Mariano Rajoy bloqueó su renovación cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, tal como Pablo Casado lo hace ahora, en ambos casos eso permitió la pervivencia de una mayoría más conservadora en este cuerpo.
La Constitución obliga a que su nombramiento sea fruto de la votación de una mayoría calificada de tres quintos del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista (PSOE), que encabeza un gobierno de coalición estructurado de manera endeble, está muy lejos de encontrar los votos necesarios, siendo imprescindibles los votos del Partido Popular (PP).
En 2019 estuvo cerca de alcanzarse un acuerdo, que hubiera elevado, por consenso, al juez Manuel Marchena a la presidencia del CGPJ, pero la publicación de un mensaje de Ignacio Cosidó, portavoz del PP, afirmando que controlaría a la Sala Segunda “por detrás”, destruyó el pacto antes de consumarse. Todo parecía volver al punto inicial.
A finales del mes de julio y principios de agosto de este año se venía adelantando un nuevo acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar la cúpula del Poder Judicial, pero las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo al salir de la vocería del PP, fueron ocasión para que Casado detuviera cualquier concreción, alegando que mientras Unidas Podemos (UP) se encontrará compartiendo gobierno con el Partido Socialista no podrían avanzar.
Casado alega que UP está sometido a averiguación por financiamiento ilegal, y que el partido del vicepresidente Pablo Iglesias ataca la jefatura del Estado pidiendo un referéndum sobre la Monarquía.
Lo cierto es que la decisión del PP y de Pablo Casado puede tener una interpretación de largo aliento más consistente. En lo que se refiere al nombramiento de los nuevos miembros del CGPJ, así como los del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, el tiempo podría llegar a beneficiar al Partido Popular.
Las perspectivas económicas tras el duro impacto del coronavirus podrían arrastrar al endeble gobierno de PSOE-UP en unas futuras elecciones generales. El giro hacia el centro que Casado está dando al Partido Popular parece estar teniendo un efecto consistente en las encuestas, en la medida en que pasa el tiempo el apoyo a los populares se incrementa, y las perspectivas de Vox, su competidor interno, se difuminan. Es lógico que Casado espere una mayoría de derecha en unas próximas generales, eso cambiaría el marco para avanzar a un acuerdo de renovación del Poder Judicial.
En ese momento una negociación para renovar estas estructuras consolidaría una mayoría conservadora en este cuerpo colegiado. Pero incluso, si esa negociación no es posible, la actual estructura, heredada de la época de Rajoy, sigue contando con una mayoría conservadora.
Por su parte, Ciudadanos ha dado un paso a un lado, sosteniendo que es necesario cambiar las reglas de selección, sacándolas del control parlamentario, para colocarlas íntegramente en manos de sus pares, de los jueces.
UP, que también ha sido recurrentemente crítico sobre la independencia del Poder Judicial, podría haberse beneficiado con dos vocales dentro del CGPJ en esta ocasión, por lo que son menos vehementes en cualquier exigencia de separar la selección de los miembros del cuerpo a las Cortes.
Las huellas de la Transición
Acá también podemos detectar cómo España ha venido cambiando desde que se inició la transición a la democracia, y cómo los debates de 1978 siguen teniendo repercusiones hoy.
En el centro del debate se encuentra una de las máximas dificultades del diseño institucional de las democracias liberales contemporáneas, la preservación de la independencia de los tribunales y del Poder Judicial. Si no hay tribunales independientes todo el andamiaje del Estado de derecho puede llegar a entrar en crisis.
En la Constitución de 1978 está consagrada la independencia del Poder Judicial, estableciendo las garantías de inamovilidad e independencia de sus miembros, así como la necesidad de legitimidad democrática de los mismos, y la creación de un órgano colegiado, de parcial elección parlamentaria, para el gobierno de los jueces. Cuando decimos elección parlamentaria calificada, de tres quintos, nos referimos a una obligación del constituyente de establecer acuerdos entre los representantes del pueblo, entre los diputados, finalmente, entre los partidos.
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