La dictadura de Nicolás Maduro y de su predecesor, Hugo Chávez, se ha caracterizado por el control que han ejercido contra la libertad de expresión de los venezolanos. Durante años, se han enfocado no sólo en atacar a los medios de comunicación tradicionales, sino también en crear mecanismos como la ilegítima “Ley” Contra el Odio o el anteproyecto de la “Ley” del Ciberespacio; proyectos diseñados para criminalizar, controlar y limitar no sólo la libertad de expresión, sino también el acceso a la información en las plataformas digitales en el país.
REDESAYUDA
El año 2019 estuvo marcado por hechos significativos para Venezuela; por un lado, la ilegítima reelección de Nicolás Maduro, la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja y la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado; pero también por los apagones que dejaron a los venezolanos incomunicados durante varios días, la ausencia de Estado de derecho, la represión y la censura sobre los medios de comunicación, el cine venezolano, las redes sociales y otras plataformas digitales.
Ante la profundización de la dictadura en el mundo 2.0, la organización no gubernamental (ONG) RedesAyuda se ha encargado de documentar, desde el año 2016, en un informe público anual, las vulneraciones y arbitrariedades que enfrentan los venezolanos en las plataformas digitales e Internet en general. Esto, como una forma de denunciar a nivel nacional e internacional las limitaciones impuestas por la dictadura para censurar, callar y ocultar todo aquello que va en contra de sus gestiones, decisiones e ideales.
En el informe del año 2019, “Dictadura 2.0: Apagón Digital”, la organización muestra cómo la dictadura violó de forma sistemática la libertad de expresión y el acceso a la información, implementando bloqueos tácticos que impidieron temporalmente el acceso de los venezolanos a ciertas páginas web, realizando ciberataques a medios informativos independientes, ataques de phishing a plataformas opositoras para robar datos de sus usuarios, intentando hackear cuentas en redes sociales de organizaciones de la sociedad civil, impidiendo la difusión de documentales y películas, hostigando a usuarios en redes sociales a través de trolls y posicionando sus mensajes para generar desinformación en las mismas mediante el uso de bots políticos.
En el desarrollo de este informe, RedesAyuda registró 170 casos en los que se evidenció la vulneración y criminalización de la libertad de expresión, además de la profundización del control de la dictadura en los medios digitales y las limitaciones que enfrentan estas plataformas, los periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general para el ejercicio de sus derechos a informar y ser informados. Esta cifra representa un aumento del 639% con respecto a 2017, año en el que se documentaron 23 casos y un 315% de aumento con respecto a 2018, año donde se documentaron 41 casos; demostrando que para la dictadura el objetivo sigue siendo el mismo: controlar la opinión pública por la fuerza, minimizar el ejercicio de la libertad de expresión, limitar el derecho a la información y restringir el acceso de los venezolanos a Internet.
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