No solo ocurre en las filas opositores, también los aliados del chavismo sufren los ataques judiciales del régimen. El País de España analizó los nuevos embates jurídicos contra partidos políticos identificados con el régimen, como es el caso del Movimiento Tupamaro.
El País | Florantonia Singer
Tupamaro fue una organización de guerrillas urbanas que en 2004 se legalizó como partido. Ha ganado presencia en varias legislaturas y gobernaciones e incluso dentro de gabinete de Nicolás Maduro, cuyo ministro de Transporte, Hipólito Abreu, pertenece al movimiento. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ahora los separa. “Hoy se ha consumado el robo del partido. Nuestra organización, que ha sido construida por más de 30 años, surgió de una propuesta en el Cuartel San Carlos [cuando Hugo Chávez estuvo preso por el golpe fallido de 1992]”, denunció Ares Di Fazio, secretario nacional de la organización y actual diputado en el Parlamento. “Nadie nos va a indicar qué rumbo vamos a seguir. No vamos a permitir que nos impongan ningún tipo de autoridad que no haya surgido del seno de la organización”, agregó. Los militantes anunciaron movilizaciones de calle en protesta por la intervención del partido.
Una rebelión en las bases del chavismo tambalea el reducido apoyo político de Nicolás Maduro. Esta semana se está realizando la inscripción de candidaturas para las elecciones parlamentarias y, en el marco de esa repartición de las cuotas de cargos, se han producido estas fracturas. La intervención del Supremo al Movimiento Tupamaro ha echado más gasolina al fuego. Organizaciones que integran el Gran Polo Patriótico, una alianza de partidos afines al proyecto bolivariano con la que el chavismo se ha presentado en bloque en las elecciones en la última década, han expresado su rechazo. “Ante denuncias de volver a utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para imponer direcciones acomodaticias e ilegítimas, exigimos respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos”, dijo Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que esta semana también denunció hostigamiento de parte de funcionarios del servicio de inteligencia en una de sus sedes en Puerto Cabello, en el occidente del país.
En junio de 2019, el PCV rompió su pacto con el PSUV por considerar que Maduro aplicaba reformas liberales. Pero ahora ha hecho tienda aparte en la Alternativa Popular Revolucionaria con la que presentará candidatos a las legislativas fuera de la alianza del gobierno. A esta nueva formación, anunciada la semana pasada, la respaldan otras ocho organizaciones entre las que están los partidos Izquierda Unida, una fracción de Patria Para Todos y MBR 200, que se deslindan por primera vez del Gran Polo Patriótico y se presentan como “un nuevo referente de la izquierda” en el país.
La pandemia ha golpeado al chavismo con decenas de dirigentes contagiados y la muerte de Darío Vivas, jefe de Gobierno de Caracas. Maduro ha intentado maniobrar para mantener la unidad de cara a unas elecciones que ya vienen con fallas de origen. La comunidad internacional ha rechazado la conformación del árbitro por vía del Supremo, que además ha modificado las reglas suprimiendo incluso el voto directo de los indígenas. La Unión Europea señaló recientemente que no hay condiciones para unas elecciones confiables, razones por las que la oposición ya había anunciado que no participará.
Pese a todo, Maduro ha seguido adelante con el proceso con el que aspira recuperar el control del Poder Legislativo, una piedra en el zapato en los últimos cinco años. Aún convaleciente por la covid-19, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y timonel del PSUV intervino telefónicamente en una reunión del partido para exhortar a la unidad de las organizaciones chavistas. “Hago un llamado a la unidad perfecta, a la unidad entre el Gran Polo Patriótico, que está estructurado para aguantar los embates de quien sea. Estamos obligados a mantenernos unidos”, dijo. Esta semana volvió a insistir.
Paradójicamente, el respaldo más seguro que parece tener Maduro en este momento, además del PSUV, está en los partidos minoritarios de la oposición integrados en la llamada Mesa Nacional de Diálogo, el pacto que se fraguó el año pasado mientras naufragaban las negociaciones en Noruega con representantes de Guaidó. Bajo este acuerdo es que se designaron a las nuevas autoridades electorales, violando el proceso que establece que debe hacerlo la Asamblea Nacional, y miembros de esa coalición terminaron quedándose con los partidos opositores intervenidos por el Poder Judicial.
Con información de El País
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