Desde finales de junio hasta la fecha, alcaldes, gobernadores o autoridades regionales de cuatro estados anunciaron casos positivos de COVID-19 en centros de detención preventiva.
Nota de Prensa
Según el monitoreo realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a través de medios de comunicación o redes sociales de autoridades gubernamentales, se han confirmado un total de 49 casos: 2 en el estado Lara, 2 en Miranda, 9 en Táchira y 36 en Nueva Esparta.
Los dos primeros casos fueron confirmados por Carmen Meléndez, gobernadora del estado Lara. El primero fue dado a conocer el 26 de junio, se trata de un hombre de 34 años de edad que resultó detenido el 18 de junio por la policía estadal, en la parroquia Tintotero del municipio Jiménez, por presunto contrabando de cigarrillos.
El 29 de junio confirmaron el resultado positivo de un hombre de 35 años de edad, quien fue aprehendido el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presunto contrabando de sustancias estupefacientes.
Este último privado de libertad sí tuvo contacto con otros detenidos en el Destacamento 122 de la Guardia Nacional de Carora, según informó Edgar Carrasco, alcalde del municipio Torres, quien además aseguró que tomaron las medidas pertinentes para atender al resto de la población reclusa.
La alcaldesa del municipio Guaicaipuro en el estado Miranda, Wisely Álvarez, confirmó a través de su cuenta en Twitter dos casos positivos de COVID-19 en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Los Teques.
En este misma red social se pronunció Dante Rivas, llamado protector de Nueva Esparta, quien el 25 de julio confirmó que las pruebas PCR de 35 privados de libertad arrojaron resultados positivos para COVID-19. El día anterior había anunciado un caso, pero posteriormente explicó que realmente eran 36 los contagiados dentro de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El último anuncio fue realizado este viernes 31 de julio por Amelia Fressel, autoridad única de salud del estado Táchira, quien informó que se hizo un abordaje en la sede del CICPC de San Cristóbal y confirmó que eran 9 los presos contagiados con COVID-19.
“Ya están en aislamiento, no se tiene pensado mover a nadie. En esas instalaciones se decidió aislar y recibir tratamiento, de tal manera que no se disemine el virus por otros sectores”, señaló la funcionaria.
En ese sentido, agregó que “todo el personal de la institución recibió tratamiento profiláctico, a fin de evitar un contagio masivo. Para desmentir tantos rumores que hay, solo son 9 casos positivos y deben estar tranquilos porque fueron abordados desde el punto de vista médico y epidemiológico”, declaró Fressel.
Por su parte, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, destacó la importancia de que todos los reos de estos calabozos policiales sean sometidos a las pruebas de rigor para descartar casos asintomáticos, en los que además se debería incluir a los funcionarios y a los familiares que llevan alimentos a diario, por tratarse de un virus altamente contagioso.
CIDH y CorteIDH urgió a los Estados a garantizar la salud e integridad de los presos
La directora del OVP también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideran que la población penal es una de las más vulnerables en el contexto de la pandemia por COVID-19.
“Dado el alto impacto que el Covid-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”, señala el comunicado de la CIDH al respecto.
En ese sentido, exhortó a “adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del Covid-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.”.
Mientras la CorteIDH expresó que el Estado debe “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes”.
En tanto, urgió a “establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad”.
Ante lo expuesto por éstos organismos y tomando en cuenta la realidad venezolana, Girón manifestó su gran preocupación porque los detenidos en los calabozos policiales no tienen acceso a agua potable, sobreviven en condiciones insalubres y tampoco cuentan con atención médica; es decir, se ven imposibilitados a cumplir con las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus.
“Exigimos a las autoridades que tomen las medidas pertinentes. El Estado venezolano debe garantizar el derecho a la salud y sobre todo a la vida de los privados de libertad, quienes se encuentran bajo su responsabilidad desde el momento de su detención”, puntualizó la abogada y defensora de los Derechos Humanos en Venezuela.
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