La falta de claridad del Estado de Excepción que rige en el país es un terreno amplio para los excesos de militares y policías. Este es una de las situaciones que acentúan las denuncias sobre atropellos y presuntos sobornos de militares, sobre todo de la Guardia Nacional (GN), y de las policías, indican abogados que hacen seguimiento a las actuaciones en estos casos.
Sofia Neder | Tal Cual
«Los sobornos o el matraqueo son algo predecible en el marco de la cuarentena y el estado de excepción. Aunque en Venezuela llevamos más de cuatro años bajo estado de excepción, con la situación actual se le da mayor poder y discrecionalidad a los cuerpos armados del Estado. La pandemia lo que ha hecho es una vuelta de tuerca más en una política que significa el ejercicio del poder sin contención«, señala el criminólogo Keymer Ávila.
El especialista añade que el decreto de Estado de Excepción en medio del covid-19 es confuso, además de inconstitucional porque no pasó por el control de la Asamblea Nacional (AN). Pero, además, en el decreto debieron incluirse las medidas específicas para enfrentar la situación en medio de la pandemia.
«El decreto es sumamente genérico y, en varios lugares, dice que los cuerpos de seguridad harán lo que está a su alcance para materializarlo, con lo cual tienen carta blanca y una patente de corso para actuar», subraya Keymer Ávila.
En ese sentido, el criminólogo acota que la situación se da con algunos precedentes que no deben perderse de vista. «Tanto en 2018 como en 2019, tenemos más de 5.000 personas muertas por intervención de la fuerza pública y no pasa nada. El 30% de los homicidios que ocurren en el país es producto de las fuerzas de seguridad del Estado sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de responsabilidad», refiere.
Ávila indica que no se conoce bien cómo se desarrollaron los hechos en Aragua de Barcelona (Anzoátegui) el 25 de julio, en los cuales son investigados militares de la GN y civiles por la violencia en una bomba de gasolina de la que resultaron un fallecido y varios heridos. De allí que recuerda deben hacerse las experticias y escuchar a los testigos.
«De lo que se puede leer, la información es confusa. Parece que la GN, en Aragua de Barcelona, se encontraba más en actividades particulares en pleno abuso de su poder que en funciones de contención de orden público, que constitucional y legalmente le compete en primer lugar a la policía estadal. Sí ésta se ve rebasada en capacidad y medios, le corresponde a la brigada de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y solo, en última instancia, a la brigada de orden público de la GN. A todo evento la contención de manifestaciones de orden público no deben hacerse con armas de fuego«, señala Keymer Ávila.
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