A Alejandro Correa Ortega, embajador de Venezuela en Cabo Verde, se le negó el pasado lunes el acceso a la celda de Álex Saab, capturado el pasado 12 de junio en ese país de África insular.
Además, su equipo legal ha tenido acceso restringido al barranquillero, durante los últimos 40 días.
Bajo esos dos argumentos, la oficina del exjuez español Baltasar Garzón confirmó este miércoles no solo que coordinará la defensa del señalado testaferro de Nicolás Maduro, sino que además alegará que se le han vulnerados sus derechos, especialmente el de la defensa.
Aunque Baltasar Garzón no ha dado declaraciones, porque se recupera del covid-19, a través de un comunicado, su firma señaló que «existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense».
Y agrega que, en su concepto, «muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos. están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”.
Agregan además, que Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, «tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado”.
Y reitera la existencia de “una estrategia política de guerra jurídica inaceptable por parte de aquel país”.
En cuanto a la prohibición por parte del director de prisiones de que su defensa y el embajador lo visiten, dice que se trata de «una violación al derecho que tiene toda persona privada de libertad en un país extranjero a ser visitado y asistido por la autoridad consular (cónsul o embajador) que le representa”.
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Sería susceptible de sufrir una situación de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, fruto de ser sometido a un proceso penal eminentemente político.
Finalmente, el documento señala que «se podrían producir daños a la integridad física y psíquica de Saab en caso de ser extraditado».
«También sería susceptible de sufrir una situación de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, fruto de ser sometido a un proceso penal eminentemente político», señala la oficina del exjuez español.
«Consideramos que desde Estados Unidos se mantiene una batalla diplomática contra Venezuela a través de distintas herramientas, entre ellas las sanciones extraterritoriales contrarias al Derecho Internacional, o a través de la imposición de restricciones económicas a Venezuela», dice el comunicado.
En Estados Unidos, por su parte, creen que la extradición se podrá efectuar antes de lo previsto.
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