El Gobierno, los sindicatos y los empresarios han firmado este viernes el acuerdo por la reactivación económica y el empleo. En realidad, suscrito con solemnidad en La Moncloa, el pacto es más el comienzo de una nueva ronda de negociaciones que un punto de partida. Y, sobre todo, es un mensaje a Europa -o pretende serlo- mientras se negocia en Bruselas la distribución y las condiciones del fondo de recuperación, que podría suponer hasta 140.000 millones de euros para España. Y ni el presidente ni los líderes sociales lo han ocultado.[TEX-ENTRA]edíanSánchez quería poder exhibir el acuerdo ante los líderes europeos más conservadores o liberales que puedan tener dudas sobre la política económica española. Ya tiene esa foto. El Ejecuivo también buscaba un acuerdo político en el Congreso que pudiera impulsar sus reivindicaciones en la Unión Europea, pero ese está costando mucho más.
Por EL PAÍS.
“[El acuerdo] tiene una parte fundamental, queremos más Europa. Es la expresión clave de que no estamos solos. Tienes nuestro apoyo, presidente. Estamos aquí para sumar, por sentido Estado”, ha señalado el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, también ha sido claro: “Presentamos un acuerdo que traslada una idea de solidez de país y de solvencia. Lo traslada al exterior de nuestro país, donde nos va la suerte. Estoy hablando de la UE. A nadie se le oculta que el compromiso tiene una traslación externa muy relevante”. “Este acto genera expectativas y confianza”, ha dicho Pepe Álvarez, secretario general de UGT. “Ponemos en valor este acuerdo en un momento complicado para el país”, ha rematado Gerardo Cuerva, de Cepyme.
Sin embargo, no todo fueron buenas palabras en el acto. Tanto Garamendi como Cuerva fueron muy críticos ante Sánchez con la posibilidad de una subida de impuestos a las grandes empresas que el Gobierno tiene comprometida en su pacto de Gobierno con Unidas Podemos y que es una de las medidas clave de los Presupuestos que prepara el Ejecutivo. Se trataría de establecer un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas, una reforma que únicamente afectaría al 1% de empresas. También se persigue un incremento del IRPF para las rentas más altas, elevando lo que pagan ahora quienes ganan más de 130.000 euros, es decir, un 0,5% de quienes pagan este impuesto.
En teoría las compañías grandes tienen que pagar un 25%-30% en el caso de bancos y petroleras, pero la realidad es que con el enorme abanico de exenciones y con múltiples trucos las principales empresas del país tienen tipos efectivos por debajo del 10%. El Impuesto de Sociedades es una de las grandes preocupaciones del Gobierno porque su recaudación se ha desplomado en los últimos años incluso en épocas de bonanza, gracias a la última reforma del PP. El Gobierno de Sánchez ya quiso cambiarlo en 2019, pero los Presupuestos decayeron por decisión de ERC y se produjo el adelanto electoral.
Los empresarios rechazan cualquier tipo de subida de impuestos, pero a la vez reclaman más dinero en ayudas para distintos sectores y sobre todo prorrogar hasta finales de años los ERTE, que suponen ahora mismo más de 5.000 millones de euros al mes para las arcas públicas. La patronal no explica de momento de dónde sacaría esos fondos sin subidas de impuestos.
“Pido al Gobierno que siga apostando por la empresa. La subida de impuestos es un error, sea para las grandes o para las pequeñas. Puede lastrar el crecimiento y dificultar la llegada de inversiones”, ha señalado Cuerva, representante de las pymes. “No compartimos el planteamiento fiscal del Gobierno. No es el momento de estos temas, ya te lo he dicho antes, presidente”, aseguró Garamendi.
La respuesta ha corrido a cargo de los sindicalistas: “Para nosotros el gasto público es fundamental. Se ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de la cobertura de las empresas. Nunca se ha hecho un esfuerzo como se ha hecho”, ha apuntado Pepe Álvarez, de UGT.
En el texto se fijan varias líneas de trabajo sobre las que negociar como la formación o regulación del teletrabajo y uno en el que el presidente ha hecho hincapié: una nueva regulación de los ERTE que los impulse como elemento de flexibilidad interna en las crisis frente a los despidos. No hay puntos de fricción explícitos sobre el papel. No se menciona la derogación de la reforma laboral, pero sí se habla de una “modernización del marco laboral” y poco después se dice que las partes se compromenten a “reactivar, con carácter inmediato, las mesas de diálogo social ya constituidas e incorporar medidas tendentes a la creación de empleo”. Entre las negociaciones que interrumpió la pandemia está la que trataba, precisamente, de abordar los cambios en el Estatuto de los Trabajadores que incluye el Pacto de Gobierno.
Desde que el Ejecutivo tomara posesión, van cuatro pactos alcanzados en el diálogo social. El primero llegó a finales de enero para aumentar el salario mínimo hasta 950 euros. Los tres restantes han llegado en plena pandemia y en ellos los ERTE siempre han tenido un papel protagonista, aunque hubiera más contenidos. Este viernes se ha firmado otro, uno nuevo que tiene mucho de declaración de intenciones y de mensaje a la Unión Europea, como han apuntado los firmantes del acuerdo en sus discursos al acabar el acto.
“Los firmantes”, apunta el texto suscrito, “se comprometen a trabajar para los necesarios acuerdos en los foros correspondientes con el fin de acelerar la reactivación económica y la creación de empleo de calidad, y lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible”. A partir de aquí señala las líneas en las que se negociarán. En ellas, además, de la regulación del teletrabajo, el impulso a la formación o la profundización de los ERTE, también se habla de digitalización, transformación verde o “modernización del marco laboral”. Esta es la única referencia, implícita, que se puede encontrar en el texto a reformar en profundidad el Estatuto de los Trabajadores o a derogar la reforma laboral de 2012.
Consciente de que el contenido del acuerdo no profundiza mucho en las materias que propone, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido el texto. “Habla de innovación, formación, economía verde y circular. Sí, tiene muchas cosas”, ha esgrimido. En otro guiño al papel que debe jugar España en la UE, el también vicepresidente de Business Europe, la patronal europea, no ha dejado pasar la ocasión de respaldar la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo: “Vicepresidenta te deseo lo mejor, como vicepresidente de los empresarios europeos que sepas que tienes todo mi apoyo”.
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