El diputado por Zulia y expresidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, recordó que en Venezuela están pendientes dos elecciones.
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) reiteraron, por medio de un acuerdo aprobado este martes 30 de junio, que no participarán en un proceso electoral parlamentario que convoquen los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) impuestos desde el Tribunal Supremo de Justicia, debido a que no cumple las condiciones mínimas para garantizar el derecho al sufragio.
Durante el debate sobre condiciones electorales, como segundo punto de la sesión virtual, el diputado Macario González aclaró que los parlamentarios y partidos democráticos no son «abstencionistas», aunque tampoco harán de «tontos útiles» de unas elecciones convocadas por este nuevo CNE.
«Lo que pretenden es que en el mes de diciembre, con un descomunal fraude, se legitime el régimen cubano que pretenden seguir imponiendo a los venezolanos, que tiene al país en una terrible crisis, económica y social, que mantiene a 9.3 millones de venezolanos en pobreza crítica y en vilo con el resultado de la pandemia, porque no hay un sistema de salud para atenderla a la gente», sentenció González.
Los nuevos rectores, entre ellos Rafael Simón Jiménez, han señalado que esta misma semana se informará sobre la fecha de las elecciones parlamentarias, y con ello el cronograma electoral. Diversos partidos de oposición han comentado a TalCual que concurrir o no a este proceso será una decisión «unitaria».
El parlamentario por Lara señaló que es necesario un proceso electoral trasparente para reinstitucionalizar el país, pero no con este CNE porque que no es «confiable». «Queremos un registro electoral que incluya la diáspora que se llevó a los venezolanos, se saquen a los muertos, incluyan los nuevos votantes, y se pueda auditar todo el proceso electoral».
El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza recordó que en Venezuela están pendientes dos elecciones: «la presidencial que no se ha hecho, porque la del 20 de mayo de 2018 fue un simulacro electoral y las parlamentarias que están pendientes».
«De allí que debemos prepararnos para hacer las dos elecciones mencionadas, juntas o separadas, pero para que puedan considerarse elecciones libres, justas y verificables, deben cumplir varias condiciones», mencionó Barboza, entre ellas, que se restablezca el derecho al voto a todos los venezolanos sin coacciones o intimidación y un Registro Electoral confiable.
También resaltó la necesidad de levantar las inhabilitaciones y enjuiciamientos a dirigentes opositores, así como restablecer sus derechos a la participación política, además de un «CNE independiente, integrado por ciudadanos designados por la Asamblea Nacional conforme a la Constitución y a la ley».
Mientras que Oneiber Peraza destacó que no han sido los diputados o partidos políticos los que se han negado a participar en unas elecciones, «es ese CNE que se roba las siglas de cada una de las organizaciones políticas que le adversan a Maduro, porque están con la democracia y el país, para poner personas que puedan ser manejadas por el régimen. Es continuar con la operación Alacrán«.
Ángel Medina, presidente de la Comisión Especial de Postulaciones Electorales, señaló que es necesario restablecer que el voto vuelva a ser una herramienta para el cambio político social y económico del país.
Por ello afirmó que para que ese poder sea efectivo, «hay que tener reglas electorales claras que permita no pasar a un sistema de sobre representación de las minorías, ni tener lo que hoy tenemos que es una sobre representación de las mayorías, que el voto sea la viva expresión del pueblo venezolano».
Indicó que se deben reforzar todos los procesos de verificación, y considerar aquellos que han sido sacados abruptamente durante los últimos procesos electorales y todas las condiciones técnicas que permitan que el sistema sea confiable. «Es importante la observación internacional, que esté antes, durante, después del proceso electoral y que se pueda someter a todas las verificaciones que están sujetas en el campo internacional, que proporcione confianza a todos los venezolanos».
Por último, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países desde enero de 2019, exhortó a los ciudadanos a luchar por condiciones electorales justas, pues «la dictadura no va a regalar la opción de solución, tenemos que lucharla«.
Enfatizó que en el acuerdo aprobado se informa, a la comunidad internacional y los venezolanos, «cuáles son esas condiciones que se requieren para hacer de una elección una opción real de solución a la crisis en Venezuela, para ser una opción de solución a la crisis política que vive Venezuela».
El mandatario interino rechazó que su mensaje sea «un capricho», y que «no se prestarán para una farsa», como sucedió en mayo de 2018. «Convocamos al pueblo de Venezuela para que luchemos por esta opción de solución a la crisis, que pasa por condiciones electorales, para poder tomar el poder vía electoral y poder solucionar la crisis«.
Apoyo a la Unión Europea
En la sesión virtual del 30 de junio, los parlamentarios también aprobaron un acuerdo en rechazo a la «írrita expulsión» de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, a quien el régimen de Nicolás Maduro dió 72 horas para abandonar suelo venezolano.
Esta decisión diplomática, que dentro del acuerdo se declaró como «inaceptable», se produjo luego de que la UE impusiera sanciones contra 11 venezolanos, entre ellos, Luis Parra, a quién el régimen de Maduro reconoce como presidente de la Asamblea Nacional, así como «constituyentes», un magistrado del TSJ, e incluso el contralor general, Elvis Amoroso.
Además, los parlamentarios agradecieron a la coalición europea y su cuerpo diplomático acreditado en el país por «su apoyo a la lucha democrática y la propuesta de la constitución de un gobierno de emergencia nacional»; al igual que el reconocimiento otorgado a Juan Guaidó como mandatario interino.
Guaidó intervino en este punto y afirmó que Nicolás Maduro no tiene alguna competencia «para romper relaciones con países que no lo reconocen» y expulsar a sus representantes, lo que a su juicio, develó una vez su «talante dictatorial».
«No puede romper relaciones diplomáticas porque no es reconocido como Presidente, es reconocido como dictador. No es través de soberbia, de la ridiculez, del acto infantil a nivel político-diplomático de violentar de esa manera a una diplomática de carrera, como es la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, como se solucionará la crisis en Venezuela», sentenció el mandatario interino.
El presidente de la AN ratificó a la embajadora el respaldo del parlamento, pues «reconocemos su trabajo, su profesionalismo al abordar una situación tan completa e inédita desde el punto de vista diplomático en Venezuela».
Además reiteró sus nexos con la Unión Europea, «y con todos los países que están respaldando la lucha de Venezuela en este momento por recuperar su dignidad, su democracia y poder salir de este conflicto».
Crece preocupación por la covid-19
La diputada Manuela Bolívar informó, durante un debate sobre la situación por la covid-19, que se están incrementado los casos de forma acelerada en el país, al tiempo que alertó sobre las reiteradas deficiencias en los equipos de protección para médicos y personal hospitalario.
La parlamentaria señaló que además de esta compleja situación, se suma la deficiencia de agua potable y de los servicios básicos en los centros hospitalarios y en las diferentes regiones de la nación, lo que agudiza el combate y prevención contra la pandemia.
Reiteró el llamado a mantener medidas básicas de prevención como el lavado de las manos y la utilización adecuada de la mascarilla, además de mantenerse en sus casas, a pesar se está en una crisis, «y eso hace que haya que escoger entre contagiarse o generar dinero para poder comparar comida para alimentarnos».
Por su parte, la diputada Elimar Díaz destacó que la situación en Zulia pasó de «alarmante» a «terrorífico», porque «terror describe la palabra que quiere implementar el usurpador en el Zulia, Omar Prieto y sus cómplices».
Advirtió que no hay un verdadero sistema de prevención y resaltó la inconsistencia entre las cifras otorgadas por las autoridades regionales y nacionales, «ya que Omar Prieto dice que hay 807, mientras que su jefe Nicolás Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez dicen que son 860 y la verdad es que no conocemos lo que pasa en el pueblo zuliano».
Mientras que Lincoln Pérez denunció que, según testimonios de venezolanos llegados por las fronteras, hay «campos de concentración verdaderos». «Según testimonios dan miserables raciones de comida y extremo racionamiento de agua para beber y para uso personal. No cuentan con las medidas básicas de protección como lo es un tapaboca. También están en un aislamiento comunicacional ya que no cuentan con internet para poder comunicar con sus familiares, sumado a ello, la falta de electricidad, en fin son lugares para la degradación humana».
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