En los últimos días, México ha vivido una de las semanas más violentas en lo que va de 2020, tras registrarse enfrentamientos entre criminales, pilas de cadáveres en dos lugares diferentes y un atentado en una de las principales avenidas de la capital.
Una situación que ha puesto en entredicho los resultados del Gobierno federal en materia de seguridad, que sigue siendo uno de los grandes temas pendientes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué ocurrió?
El pasado viernes 19 de junio, se registraron diversos enfrentamientos entre grupos criminales en Caborca, Sonora. Al día siguiente, fueron hallados 10 cadáveres apilados sobre la carretera, en un asunto presuntamente relacionado con los hechos del día anterior.
En total, se descubrieron 13 personas asesinadas tras los enfrentamientos ocurridos en Caborca, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
Fuertes enfrentamientos armados entre grupos rivales del crimen organizado en Sonora (México) han dejado este viernes un saldo de al menos 10 muertos y varios incendios en la ciudad de Caborca, en el noroeste del país
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— RT en Español (@ActualidadRT) June 21, 2020
El 20 de junio, integrantes del Ejército mexicano arrestaron a 26 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima en la ciudad de Celaya, Guanajuato, incluyendo a familiares del líder de la organización criminal, José Antonio Yépez alias ‘El Marro’.
Esto provocó que integrantes del cártel quemaron 21 automóviles, seis negocios y un lote baldío en Celaya como represalia.
«Humillaron a mi familia. Voy a ser la piedra en su zapato», amenazó el Marro a través de un video difundido en redes, tras los hechos violentos registrados en la ciudad guanajuatense.
Aunque el presidente López Obrador informó que su Gabinete de Seguridad presentaría un informe detallado sobre lo ocurrido en Caborca y Celaya, a lo largo de la semana, esto no ocurrió, aún Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública federal, realizó algunos comentarios sobre la situación en Sonora.
El domingo 21 de junio, también se registraron 15 personas muertas en San Mateo del Mar, Oaxaca, durante un enfrentamiento entre comunidades.
Pero la violencia no paró ahí.
Este viernes 26 de junio, se produjo un atentado contra el jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación por la emboscada en su contra ocurrida sobre Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital mexicana.
Durante el atentado, murieron dos escoltas del jefe de la policía, además de una mujer que pasaba por la zona al momento del ataque. Además, dos civiles y tres uniformados resultaron heridos tras el ataque.
Casi al mismo tiempo que esto ocurría, las autoridades de Zacatecas confirmaron el hallazgo de 14 cadáveres sobre una carretera cerca de la ciudad de Fresnillo.
La meseta de la violencia
Aunque el Gobierno de México ha defendido que en lo que va de la actual administración de López Obrador se ha logrado reducir la tendencia ascendente de homicidios, el número de asesinatos se ha mantenido constante desde el inicio del sexenio, en diciembre de 2018.
En este sentido, los datos oficiales disponibles a la primera mitad de 2020, sugieren que este año podría ser el más violento en la historia reciente del país aún con la epidemia de covid-19.
Si bien el #homicidio en 2020 crece menos que lo que venía creciendo en años anteriores, este delito SIGUE CRECIENDO.
Este año se perfila para ser el más violento de la historia pese a que @AlfonsoDurazo y @lopezobrador_ mientan al presentar sus datos. pic.twitter.com/Y1MN2fXkS8— Francisco Rivas (@frarivasCoL) June 19, 2020
Desde diciembre de 2018 a mayo de 2020, la administración registra un promedio de 2.896 homicidios dolosos mensuales, en los poco más de 18 meses que tiene la actual gestión de López Obrador, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tan sólo en 2019, México alcanzó un total de 34.608 asesinatos.
El contexto político
Pero a pesar de que el país registra la peor oleada de violencia de su historia reciente, desde la Revolución Mexicana, la confrontación política que vive el país, entre otras cosas, ha sido un factor que permite explicar el poco éxito que ha tenido la estrategia de seguridad actual para mitigar la violencia.
«Nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada», dijo López Obrador en su conferencia del pasado lunes 22 de junio. «Antes era otra la política que se seguía, y también no dando protección a nadie. Porque también eso era lo que caracterizaba a los gobiernos anteriores, que se protegía a las bandas desde el Gobierno», agregó.
López Obrador citó como ejemplo de esta situación el encarcelamiento del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en EE.UU. por presuntamente haber ayudado al Cártel de Sinaloa a traficar cocaína y lavar dinero.
Pero a pesar de sus continuas giras por el país, la confrontación entre López Obrador con varios gobernadores ha impedido que exista una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno.
Tal es el caso de Guanajuato, entidad cuyo gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, se ha pronunciado abiertamente en contra del proyecto político de López Obrador y también se ha negado ha participar en las reuniones de seguridad en las cuales participan mandos federales del Ejército y la Guardia Nacional.
«No he ido, ni iré a reuniones de seguridad», dijo el gobernador Rodríguez en diciembre de 2019.
Lo mismo ha ocurrido en otros estados como Nayarit y Querétaro, donde gobierna el conservador PAN, el partido que representa el principal bloque opositor al actual proyecto reformador de López Obrador.
Algo similar ocurre en estados como Campeche y Coahuila, donde gobierna el PRI, y donde los mandatarios estatales asistieron apenas a unas pocas reuniones de seguridad en 2019.
A pesar de las críticas al Gobierno federal, los gobernadores de los estados no han realizado avances significativos para fortalecer a las policías estatales, por lo cual, siguen dependiendo de fuerzas federales como la Guardia Nacional para atender la grave crisis de inseguridad que prevalece en el país.
Un ejemplo de cómo las divisiones y confrontaciones políticas en el país han impedido atender el problema de la violencia como un asunto de Estado, que vaya más allá de las diferencias entre los distintos grupos que se disputan el poder.
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