Roberto de Michele, el principal experto en transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en Washington, dijo en entrevista con la agencia de noticias AP que en condiciones normales, se estima que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en atención médica se pierde por la corrupción: cientos de miles de millones de dólares cada año
Según reseña AP en su portal web, los países de América Latina se ubican constantemente entre los más corruptos, luego de que la última encuesta realizada por Transparencia Internacional, con sede en Berlín, revelara que más de la mitad de los residentes de la región piensan que la crisis por COVID-19 está empeorando, y 1 de cada 5, admitió haber pagado un soborno a funcionarios públicos en el último año.
Un punto de inflexión llegó en 2016, cuando el gigante de la construcción brasileño Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en toda América Latina durante más de una década. Esto provocó el encarcelamiento de expresidentes en Perú y Brasil.
El martes 26 de mayo, la policía de Río de Janeiro allanó la residencia del gobernador como parte de una investigación cada vez más amplia sobre la supuesta malversación de parte de los $150 millones en fondos públicos destinados a la construcción de hospitales de campaña.
En Colombia, 14 de los 32 gobernadores están bajo investigación por delitos que van desde la malversación hasta la adjudicación ilegal de contratos sin licitación.
En la capital argentina de Buenos Aires, los fiscales están investigando a un amigo políticamente conectado por comprar 15.000 máscaras quirúrgicas N95 que, a pesar de haber expirado, le costaron a la ciudad 10 veces su precio de lista.
En Bolivia, el ministro de salud fue arrestado en medio de acusaciones de que se compraron 170 ventiladores a precios inflados. Las máquinas de respiración se compraron por casi $28,000 cada una.
Acusaciones similares de sobrefacturación han sacudido a Panamá, donde renunció un importante asesor del presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente está bajo presión para renunciar después de que los fiscales comenzaron el mes de abril a investigar la compra planificada de 100 ventiladores a casi $50,000 cada uno.
«La solución a la corrupción es la justicia punitiva», dijo a The Associated Press el ministro de Finanzas de Paraguay, Benigno López, país en el que se dio a conocer una plataforma que permite a los usuarios rastrear en tiempo casi real el estado de 110 contratos de emergencia por un valor de $26 millones en gastos vinculados a la lucha contra el COVID-19
Con información de AP
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