Los detenidos de los Centros de Detención Preventiva en el estado Falcón iniciaron una huelga de hambre este miércoles, 20 de mayo, para exigir que se aceleren los procesos y medidas sustitutivas de libertad para quienes ya han cumplido la mitad de sus condenas sin ser enviados a alguna cárcel del país.
Mediante los familiares, los detenidos hicieron llegar a El Pitazo un audio y fotos de la situación que atraviesan. Denunciaron hacinamiento, retraso en los procesos legales, falta de alimentación para muchos de ellos, maltratos físicos, además de psicológicos y verbales por parte de quienes custodian los centros de detención.
A la huelga de hambre se unieron los detenidos en la Policía de Carirubana y en las Salas de Detención Preventiva de la Policía de Falcón, ubicadas en Carirubana, Coro y Tucacas.
Un vocero de los reos, quien declaró estar recluido en la Policía de Carirubana, aunque prefirió reservar su identidad por temor a represalias, aseguró que en la sala hay 114 detenidos y varios de ellos son menores de edad.
De esa cifra, 80 ya están penados y el tiempo se les ha pasado en el lugar, lo que significa que no han podido cumplir la condena en alguna cárcel del país. «El 40% de los que ya tenemos una pena igual o menor a cinco años, ya hemos cumplido más de la mitad, por lo que merecemos una medida de libertad», afirmó la fuente.
El vocero extendió el llamado a un fiscal nacional o de derechos fundamentales para que se sume y trabajen sobre las necesidades de los privados de libertad. «No estamos pidiendo visitas, como quieren hacer saber los policías, pero sí queremos mejores condiciones y libertad para quienes ya la merezcan», alegó.
Denunció la misma persona que a muchos detenidos no les llevan comida porque no tienen familia en el estado o porque sus parientes viven muy lejos del centro preventivo. Con el inicio de la cuarentena y la restricción de horarios, a los familiares se les ha hecho aún más complicado poder prestar la ayuda.
Los detenidos tampoco han tenido acceso al agua potable todos los días para asearse, ni a ir a un hospital cuando tienen problemas de salud. «Siempre es un conflicto para pasar una pastilla o algún remedio, porque para eso hay que pagar. Igual que para salir a ver a los hijos y a la familia, hay que pagar en dólares», puntualizó.
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