Es una pelea a la que los venezolanos están acostumbrados y que muchos temen. La reciente liberalización de precios y de tipo de cambio del régimen de Nicolás Maduro había dado oxígeno al sector empresarial privado y era vista como una de las claves para haber acabado con el problema del desabastecimiento que desde hacía años venía sufriendo el país.
Por BBC
Aunque a un precio prohibitivo para muchos los venezolanos, los productos, ausentes en 2016, 2017 y 2018, regresaron a los supermercados.
La tregua, sin embargo, parece haber acabado.
El 24 de abril, la vicepresidenta ejecutiva chavista, Delcy Rodríguez, anunció que el régimen aplicaría un mecanismo de «venta supervisada» a los productos de tres de las principales compañías de alimentos del país, a las que acusó de haberse convertido en «marcadores referenciales (de precios) especulativos».
En medio de la crisis por el coronavirus, la funcionaria dijo que se trataba de un plan especial para «contener la especulación» y que el objetivo era garantizar que se respeten los «precios acordados», término con el que las autoridades se refieren a los precios fijados a través del sistema de controles estatales, que se habían relajado en los últimos meses.
Entre las afectadas se encuentra Empresas Polar, considerada como la corporación privada más importante de Venezuela y la principal productora y distribuidora de alimentos.
«No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria», protestó a través de un comunicado Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Polar.
La decisión gubernamental es vista como un indicador de que el régimen de Maduro se encamina a reaplicar el sistema de control de precios.
Y también parece apuntar a la reanudación de una larga pugna con Polar que podría tener consecuencias en el suministro de alimentos en ese país.
La amenaza de expropiación
Días antes de que se diera a conocer el mecanismo de «ventas supervisadas», Maduro había denunciado una «guerra económica brutal» en Venezuela, a propósito del notable aumento de precios de productos básicos que había ocurrido en las últimas semanas en el contexto de la crisis por el coronavirus.
«¡Pónganse serios!», advirtió el dictador al sector privado, aunque sin hacer referencia explícita a Polar.
Una semana antes, el 16 de abril, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y alto cargo del chavismo, Diosdado Cabello, sí había enfilado claramente sus baterías contra la empresa.
«Lorenzo Mendoza, tú eres un pillo. Tú te chuleaste al Estado venezolano por años. Así cualquiera tiene empresas. US$5.000 millones al año te llevabas para montar empresas en Colombia, en las islas (del Caribe) y en otros países», dijo en referencia a los dólares a precio preferencial para importar insumos y materia prima que recibía la empresa.
Según Mendoza, ese dinero fue «auditado hasta la médula».
«Yo creo que aquí, lo que deberíamos hacer todas y todos es no comprar nada que diga Polar. En mi casa no van a comprar más nada que diga Polar», agregó Cabello proponiendo un boicot contra la compañía, cuyos productos alimenticios son los más populares en los hogares del país desde hace años.
El dirigente oficialista retomaba así una pelea con el sector privado que había iniciado Hugo Chávez.
Tras el paro nacional de dos meses realizado a finales de 2002 y comienzos de 2003 para intentar forzar su renuncia, el fallecido mandatario venezolano rompió con gran parte del sector empresarial tradicional de Venezuela. La herida nunca cicatrizó.
Ayudado por el boom petrolero que llevó el barril de crudo por encima de los US$100, Chávez usó la riqueza sobrevenida para ejercer pleno dominio sobre la economía a través de un sistema de control de precios y de un control de cambio, reforzados con duras sanciones penales.
A partir de 2007, empezó a ir más allá, con una ola de expropiaciones que le recordaban al sector privado dónde residía el verdadero poder.
Las amenazas no eran sutiles.
«Él cree que está más allá de las leyes. No, camaradas, no. Lo que voy a hacer es expropiarle. Si él sigue agrediendo al gobierno e irrespetando a este país, por más Mendoza que sea, por más sangre azul que sea, le voy a quitar toda la Polar. Toda, toda», dijo Chávez ante las cámaras de televisión a inicios de marzo de 2009 en referencia a la familia propietaria de Polar.
«Traidor» o «empresario de éxito»
A partir de 2013, tras la muerte de Chávez, las cosas tampoco mejoraron.
Tras el fracaso de unos intentos iniciales de diálogo entre el gobierno y los empresarios -durante los cuales Mendoza presentó una propuesta para reactivar la maquinaria productiva del país- y con el creciente deterioro de la economía venezolana, el discurso oficial se centró en acusar al sector privado de impulsar «una guerra económica» con ayuda de Estados Unidos.
Sin llegar a ser expropiado, Polar se llevó muchos de los ataques más duros. El gobierno señalaba a la empresa por acaparamiento de productos y la responsabilizaba por la escasez.
El gobierno socialista acusaba recurrentemente a Polar de producir y abastecer sólo cuando hay beneficio, es decir, que pone o quita productos según le conviene.
La compañía rechazaba estos señalamientos y aseguraba que toda su cadena de producción -desde el traslado de las materias primas hasta las plantas hasta el transporte de los productos finales hasta los puntos de venta y distribución- estaba controlada y vigilada por las autoridades.
Sus explicaciones, sin embargo, no lograban evitar las frecuentes inspecciones de funcionarios de distintas oficinas gubernamentales.
En julio de 2016, Polar decidió acudir ante la Organización Internacional del Trabajo para denunciar al gobierno de Maduro por acoso y discriminación.
En su queja, la empresa dijo que sufría constantes fiscalizaciones, refirió que sus gerentes y trabajadores habían sido sometidos a «detenciones arbitrarias» y aseguró ser discriminada en la asignación de divisas para la adquisición de materias primas importadas.
La presión del gobierno también recaía directamente sobre Mendoza, a quien el oficialismo comenzó a acusar de «traición a la patria» luego de que Cabello divulgara en 2015 una conversación telefónica en la que el presidente de Polar hablaba sobre la posibilidad de que Venezuela tuviera que solicitar ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Maduro dijo entonces que Mendoza debía ser procesado judicialmente y un grupo de diputados chavistas acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia por los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y usurpación de funciones.
«Este traidor a la patria, Lorenzo Mendoza, un verdadero ladrón. Llamo al pueblo a desenmascarar a Lorenzo Mendoza en las calles. Ladrón, traidor. Acá te espero, Lorenzo Mendoza. Sal al ruedo. Hipócrita, doble cara. Si no puedes con tus empresas, entrégale las empresas al pueblo que el pueblo sí puede», clamó Maduro contra el empresario en febrero de 2016.
Hacia finales de 2017, el nombre de Mendoza empezó a aparecer bien ubicado en las encuestas entre los posibles candidatos de oposición a las elecciones presidenciales previstas para el año siguiente.
«Presidente, presidente», llegó a corearle una multitud un día cuando asistió a un juego de béisbol en la ciudad de Valencia, en el centro de Venezuela.
En un país sumido en una severa crisis económica, con los dos líderes opositores más populares imposibilitados legalmente para competir (Leopoldo López estaba preso; y Henrique Capriles Randoski, inhabilitado administrativamente), la imagen de Mendoza como capitán de una empresa exitosa y reconocida en todo el país ganaba campo en el imaginario de electores contrarios a Maduro.
«La gente quiere a alguien dramáticamente diferente que genere confianza y rescate el sueño. Mendoza es un abstracto sobre calidad, la gerencia, la eficiencia», explicó entonces Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, a BBC Mundo.
Citando datos de esa misma encuestadora, la publicación America’s Quarterly publicó en abril de 2018 un perfil de Mendoza en el que se decía que mientras la popularidad de Maduro estaba en 12%, la aprobación de Polar se ubicaba en 90%.
Pese a todo, el reconocido empresario, que aparece poco en público y siempre evita temas políticos, nunca se postuló, lo que quizá no debería sorprender pues él nunca había manifestado abiertamente tener ninguna aspiración presidencial.
Todo lo contrario, el discurso oficial que había mantenido ante los empleados de la corporación era que su deber era mantenerse al frente de la empresa familiar y no ponerla en riesgo buscando un enfrentamiento con el gobierno.
Controles de ida y vuelta
A lo largo de 2019, muchas cosas cambiaron en la economía venezolana.
Sin dar mayores explicaciones en público, el gobierno dejó de aplicar -aunque no eliminó formalmente- los controles de cambio y de precios que mantenía desde 2003; dejó de cobrar aranceles a las importaciones y permitió que los venezolanos y las empresas en ese país realizaran operaciones en dólares sin restricciones.
Los efectos de ese giro táctico se sintieron rápidamente. Los anaqueles de los supermercados, otrora vacíos, comenzaron a llenarse de productos que habían escaseado por años aunque ahora se comercializan a un precio que solamente una parte de la población podía costear.
De acuerdo con un reportaje publicado en febrero en The New York Times, también se produjo un giro en la relación con Polar.
El diario estadounidense asegura que en 2018 se produjo un acuerdo informal en el cual Mendoza accedió a salir de la escena pública a cambio de que el gobierno dejara de acosar a su empresa.
En una carta dirigida a ese periódico, Polar cuestionó el contenido del reportaje pero no negó de forma tajante que el supuesto acuerdo entre Mendoza y el gobierno tuviera lugar.
BBC Mundo intentó contar para este trabajo con la versión de Polar, pero las solicitudes fueron rechazadas. «Por el momento no tenemos ningún vocero disponible para ofrecer declaraciones», señaló la compañía.
En un comunicado emitido el 29 de abril, Polar calificó como «acertada» la decisión del gobierno de haber eliminado durante el último año los controles de precios y de cambio, pues esto «permitió el restablecimiento de la producción, en beneficio del abastecimiento pleno del mercado venezolano».
La compañía refirió que representantes del Ejecutivo solicitaron hace más de un año a la agroindustria que esta importara directamente y con sus propios recursos las materias primas e insumos que requería para sus operaciones, algo que antes se hacía bajo absoluto control gubernamental.
Los precios en bolívares estaban relacionados con el dólar necesario para importar en un contexto de hiperinflación y de devaluación de la moneda nacional. Es decir, son caros para muchos en un país donde el salario mínimo es el equivalente a unos US$5.
«Para adquirir las divisas la empresa debe generar ingresos suficientes, ajustando sus precios cada vez que sea necesario en función de los costos de reposición. Si la empresa calcula sus precios a los costos de hoy, en un entorno de devaluación e hiperinflación como el que vive Venezuela, no podrá comprar suficientes divisas para reponer la materia prima en las siguientes semanas. Solo entre marzo y abril la variación del tipo de cambio ha sido de 210%», justificó Polar en su comunicado.
«En función de esta realidad, Alimentos Polar considera que regresar al mecanismo de fijación de precios constituye un obstáculo para mantener la continuidad operativa. Esto, inevitablemente, provocará de nuevo el desabastecimiento de los rubros controlados», agrega.
Abastecimiento en manos privadas
Pero con las reservas internacionales bajo mínimos, una abultada deuda externa, el desplome de la producción de petróleo y de sus precios, las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos, un PIB que se ha contraído 65% entre 2014 y 2019, una permanente crisis eléctrica y, ahora, una escasez de gasolina, las finanzas del Estados están en una situación crítica.
Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, considera que la vuelta al sistema de controles puede tener duras consecuencias debido a que el abastecimiento de alimentos en el país se encuentra sostenido en estos momentos por las empresas privadas pero estas, a su vez, se encuentran muy debilitadas financieramente y no tienen capacidad para asumir pérdidas.
Polar no parece escapar a esa realidad.
Pese a que tiene en su cartera muchos de los productos favoritos de los hogares venezolanos, incluida la harina precocida más popular con la que se elabora la arepa -el bollo de maíz con el que diariamente se alimentan millones de venezolanos-, así como la principal marca de cerveza, en los últimos años la compañía también ha debido adaptarse a una economía en declive.
En un video publicado a inicios de abril, Mendoza señaló que la compañía había estado pasando por un proceso «duro y crítico» y que sus volúmenes de ventas habían caído 80% durante los últimos años.
En su reportaje, The New York Times señalaba que la compañía había tenido que eliminar muchos de los generosos beneficios que otorgaba a sus trabajadores, que había prescindido de unos 15.000 empleados y cerrado o reducido operaciones en muchas de sus plantas.
Sin embargo, con 90.000 puntos de distribución, no hay ninguna empresa de alimentos que tenga una presencia tan extendida por toda Venezuela.
«Lo que Polar significa en la industria de alimentos va más allá de los productos que comercializa. Es toda la cadena de suministro y de distribución, los empleos. Y el impacto que todo eso tiene obviamente en las condiciones actuales haría mucho más precaria la industria de alimentos en Venezuela y la situación de seguridad alimentaria se vería seriamente afectada», advierte Oliveros sobre un conflicto más duro entre gobierno y empresa.
Maduro, pese a la dura dialéctica durante estos años, no dio el paso aún de expropiar a Polar.
El conflicto, sin embargo, está lejos de terminar. «Vas a perder esta guerra, Lorencito», dijo Diosdado Cabello el 1 de enero.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
