Tal como ocurrió en 2007 con RCTV en Venezuela, el gobierno de Filipinas decidió no renovarle la concesión al canal de televisión ABS-CBN y ordenó el cese inmediato de sus operaciones.
ABS-CBN es el canal de televisión más antiguo del Sudeste Asiático donde trabajan unas 11.000 personas ha sido el blanco de las críticas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, que les ha acusado de publicar noticias «injustas».
Duterte amenazó en varias ocasiones con cerrar el medio, la última vez en diciembre, cuando instó a los dueños de la corporación a vender la compañía para evitar la anulación de su licencia, reseñó AFP.
Algunos medios apuntan a que el enfado del mandatario con la cadena se gestó en la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN se negó a emitir un anuncio electoral de la campaña de Duterte porque no contaba con el visto bueno de la Comisión Electoral.
No obstante, desde el entorno de Duterte han insistido en que la renovación de la licencia no corresponde al gobierno y que el mandatario no está ejerciendo presión al respecto.
«La posición del presidente es que se trata de un asunto que compete a la Comisión Nacional de Comunicaciones y respetará su decisión», indicó hoy su portavoz, Harry Roque.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en una resolución emitida hoy, ordena el cese de emisiones de ABS-CBN con el argumento de que su licencia expiró ayer, 4 de mayo.
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La Comisión pide «el fin de las operaciones en sus diversas estaciones de radio y televisión de todo el país», y da diez días a la compañía para «responder por qué las frecuencias asignadas a ella no deben ser retiradas».
A pesar de que la decisión puede ser recurrida, el ministro de Justicia, Menardo Guevarra, aclaró que la orden tiene «efecto inmediato», aunque según constató EFE el canal de televisión de momento continúa con su emisión.
La decisión de renovar la licencia recae sobre el Congreso, donde desde el año pasado hay varias propuestas de ley a favor de la renovación pendientes de debate, retrasos que algunos atribuyen a la decisión deliberada del presidente de la cámara, Alan Cayetano, aliado político de Duterte.
El pasado marzo, el Congreso tuvo un primer debate sobre la licencia de ABS-CBN, pero el parón parlamentario -que en Filipinas se produce entre marzo y abril- y la cuarentena por la pandemia de COVID-19 han impedido reanudar la discusión antes del fin de la licencia.
Pero la ofensiva a ABS-CBN también viene desde el flanco judicial, ya que el fiscal general, José Calida -figura que equivale a la Abogacía del Estado-, presentó en febrero una petición ante el Tribunal Supremo para que anulara la licencia del canal.
Calida alegó que ABS-CBN «ejerce ilegalmente», ya que se financia parcialmente con capital extranjero, lo que viola la ley filipina sobre medios nacionales.
Desde la cadena han insistido en que sus operaciones «cumplen la ley» y que el capital foráneo entró a la compañía mediante «recibos de depósito filipinos» (PRD, en inglés), lo que está permitido.
Al poco de conocerse la decisión de la Comisión de Telecomunicaciones, los filipinos han lamentado la noticia y las etiquetas #DefendPressFreedom y #NoToABSCBNShutDown (Defiende la libertad de expresión y No al cierre de ABS-CBN) han sido tendencia.
EFE
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