El país está carente de ayudas económicas que le permitan a los trabajadores del sector público, de la economía informal y pensionados, enfrentar la cuarentena social ante la epidemia del COVID-19.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara
Mientras en naciones de Latinoamérica como Colombia, el gobierno de Iván Duque está otorgando subsidios financieros a familias que viven en la pobreza extrema que equivalen a 40 dólares al mes, en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha asignado cinco bonos a través del carnet de la patria, siendo el más reciente el del mes de abril por un monto de 450 mil bolívares, que representan 2,2 dólares, según la tasa de cambio del dólar paralelo que este jueves cerró en 204 mil 373 bolívares.
Monto con el que la población sólo puede adquirir dos productos de la canasta alimentaria, que en marzo se ubicó en 236,66 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas).
“Venezuela ha quedado rezagada en comparación a todo el continente a la hora de aplicar paquetes de auxilio económico a las familias más vulnerables. No es posible paliar la crisis dejada por la pandemia con un país completamente paralizado”. Es la observación que hace Jacobo Mármol abogado laboral, al resaltar que al sumar todos los bonos que ha otorgado el gobierno desde el 16 de marzo a la fecha, el monto no llega a 10 dólares.
Hasta ahora Maduro ha anunciado la supresión del pago de alquileres de comercios y vivienda principal durante seis meses, un plan de pago de nóminas para la pequeña y mediana industria hasta agosto, que aún no ha comenzado a pagar según informó Giorgio Reni, presidente de Fedecámaras Lara. La prohibición de que compañías de telecomunicaciones corten el servicio por falta de pago y la entrega de “bonos especiales” a trabajadores del sector informal y privado por igual.
Pero la primera observación que cuestiona el abogado laboral Jacobo Mármol, es que sea justamente al carnet de la patria, una herramienta política, la que utilice el gobierno para asignar algún tipo de ayuda o aplicar encuestas para ubicar contagios por coronavirus.
“Utilizan el carnet de la patria para otorgar migajas económicas, eso ya es una violación al derecho de la igualdad que establece la Constitución, porque en un contexto de emergencia sanitaria, todos los ciudadanos son afectados por igual, más cuando el 80% de la población vive de sueldos bajos y en pobreza. Con esta herramienta política están tomando en cuenta a sólo un sector, es decir, la medida es discriminatoria”, expresó.
Eglé Pacheco, es secretaria general del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Palavecino, y considera que son “absurdos”, los montos que ha entregado el gobierno vía bonos. “Con 450 mil bolívares los trabajadores no se pueden comprar ni un cartón de huevos. El gobierno nos está condenando a la miseria total”, alertó.
La angustia en la administración pública se acrecienta cuando siguen recibiendo salarios que son devorados rápidamente por la hiperinflación, con el incremento diario de los precios de alimentos y medicinas en el mercado. Pacheco explica que la Alcaldía de Palavecino tiene 700 trabajadores en nómina y hasta ahora, la burgomaestre Mirna Víes no ha asignado ningún tipo de auxilios económicos para aliviar las necesidades de sus trabajadores.
“Le exigimos un bono adicional de al menos dos millones de bolívares o una bolsa de alimentos quincenal, pero su respuesta fue, que ella no va a dejar de atender al pueblo, para atender a un sector”, exclamó Pacheco, al indicar que la mayoría de los trabajadores del sector público llevan dos años luchando porque se respete la Contratación Colectiva, porque la mayoría de los sueldos fueron nivelados al salario mínimo que son 450 mil bolívares al mes.
“Hay trabajadores que a menos de una semana de haber cobrado la quincena, ya tienen que acostarse y levantarse sin comer. Muchos están sufriendo de la tensión por la preocupación de tanto pensar en cómo van a sobrevivir en lo que resta de cuarentena”, relató.
La situación es similar para los empleados de la gobernación, Julio Marín, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), asevera que este año quedaban activos 17 mil trabajadores de la gobernación de Lara, pero la gran mayoría luego de cumplir su horario laboral se dedicaba a la economía informal para generar recursos extras que les permitiera sobrevivir.
“Las cosas se han ido agravando con los días, con el nuevo decreto emitido por la gobernadora Carmen Meléndez, que restringe la movilidad a partir de las 2:00 de la tarde, todos esos abogados, administradores, personal obrero o docentes que se rebuscan en las calles de la avenida 20 o los mercados vendiendo caramelos, cambures, ropa vieja o chatarra, para sobrevivir tiene cada vez más cerrados los accesos de supervivencia”, comentó.
Argumenta que desde ayer lunes sólo 500 trabajadores que laboran en la sede administrativa de la gobernación, en la carrera 19 con calle 23, fueron beneficiados con una bolsa de alimentos. “Lo hicieron tras más de un mes en cuarentena y con un sector que tan sólo representa el 5% de los trabajadores del ejecutivo regional”, puntualizó.
Desde Sepeel han solicitado un bono adicional de 2.5 millones de bolívares y una bolsa de alimentación por lo menos una vez al mes, pero sostiene que a pesar de los llamados que le han hecho a la mandataria del estado Carmen Meléndez, y a la jefa de personal, María Eugenia Rangel, las propuestas han sido ignoradas. Al referirse a los trabajadores que han tenido acceso a los bonos vía carnet de la patria, Marín alega que aunque el 80% de la población lo tienen, a buena parte no le han asignado ningún monto.
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