Desde el 13 de marzo en Venezuela hay una medida nacional de aislamiento social, que implica una paralización general de actividades y restricciones de movilidad, medidas de control que están en manos de militares y de cuerpos especiales de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Aun así, el malestar social comienza a romper el cerco y a desbordarse en protestas a lo largo de todo el país. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Amenazar al empresariado, asomar la posibilidad de una “normalidad vigilada” y querer medir el ánimo de la población.
Zenaida Amador / ALnavío
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas por derechos sociales no cesan ni siquiera en medio de las medidas de cuarentena y confinamiento. Tan solo en las primeras tres semanas de abril se han producido más de 500 manifestaciones.
Este jueves “se registraron protestas por alimentos en al menos 15 estados del país” y además hubo “saqueos o intentos de saqueo en al menos tres estados: Bolívar, Monagas y Sucre”. En Bolívar, según confirmó la organización, fue asesinado un hombre de 29 años de dos impactos de bala en la cabeza mientras protestaba.
La escasez de gasolina, la falta de agua, las fallas eléctricas, la ausencia de gas doméstico y más recientemente el temor a la escasez de alimentos, más la incertidumbre ante el repunte de los precios cuando el grueso de la población está laboralmente inactiva por la cuarentena, son los detonantes de esta oleada de protestas populares en tiempos de prohibición de aglomeraciones públicas.
Y es que en Venezuela el problema del hambre alcanza dimensiones históricas. El Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias muestra que en 2019 Venezuela era el cuarto país con crisis de alimentación, solo superado por Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. El Programa Mundial de Alimentos estimó recientemente que hay 9,3 millones de venezolanos en inseguridad alimentaria.
Ese es el país que encontró el brote global del COVID-19, coyuntura que agrava aún más la crisis. Venezuela no solo se ha quedado prácticamente sin ingresos con el desplome de los precios del crudo y el desmantelamiento productivo de la industria petrolera, sino que carece de ahorros y no tiene acceso al financiamiento internacional.
Recientemente el régimen de Maduro retomó la emisión monetaria como una vía para sostener el gasto público, lo que añade presión alcista al dólar.
El 13 de marzo, cuando se reportó el primer caso de COVID-19 en Venezuela y se emitió el decreto de estado de alarma, el dólar paralelo se cotizaba en 79.990 bolívares y este jueves ya rompió la barrera de los 200.000 bolívares, una variación de 150% en el tipo de cambio en seis semanas.
A la par de esto se ha acelerado el ritmo de incremento de los precios como parte de una hiperinflación que ya corre su tercer año, pulverizando el poder de compra del ingreso de buena parte de la población.
La respuesta del régimen
Frente a este cuadro crítico, que se acentúa con el paso de los días, la respuesta de Maduro ha sido represión y más control.
Sin resolver los problemas estructurales de la economía se limitó a amenazar con aplicar medidas contra el sector empresarial, al que responsabilizó de especular en medio de la pandemia. Aseguró que tomará “medidas drásticas contra todos estos sectores que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo”.
A la par de estos señalamientos, diversos voceros del chavismo han indicado que la escalada del dólar también responde a actores especulativos, evadiendo toda responsabilidad al respecto. De hecho, a lo largo de este jueves se activó la artillería digital del régimen para posicionar en redes sociales la etiqueta #BloqueaAlParalelo, que servía para lanzar acusaciones y amenazas directas a las páginas web que informan sobre la cotización del dólar en el mercado no oficial.
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