La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, planteará este jueves un Programa de Recuperación de la Unión que aspira a movilizar alrededor de 1,6 billones de euros para combatir el impacto económico de la Covid-19.
Por EL PAÍS
Bruselas confía en que la cumbre europea por videoconferencia de este jueves dé luz verde a la iniciativa, lo que permitiría, según fuentes comunitarias, inyectar los primeros fondos antes de fin de año. Pero el choque entre norte y sur, con Los Países Bajos e Italia en las posiciones más extremas, augura una dura batalla. España y Francia advierten que, si no hay un plan común de reconstrucción, la pandemia resquebrajará el mercado interior europeo y desencadenará una competencia desleal en detrimento de todos los Estados miembros.
El plan de Von der Leyen se basa, tal y como adelantó EL PAÍS, en un incremento sin precedentes del techo de gasto del presupuesto de la Unión Europea. Fuentes de la presidencia de la Comisión aseguran que todavía no hay ningún proyecto legal sobre la mesa y que Von der Leyen acude a la cumbre abierta a escuchar las posiciones de los Estados miembros.
El borrador del plan, al que ha tenido acceso este diario, prevé, sin embargo, elevar el techo actual (del 1,20% al entorno del 1,30% de la Renta Nacional Bruta) y añadirle otras seis décimas de margen durante la fase más aguda de la crisis, prevista entre 2020 y 2022.
La cifra final, todavía por concretar, rondaría el 1,9%, prácticamente el doble del gasto final del presupuesto actual (en torno al 0,97% de la RNB). El plan alcanza la envergadura propuesta por España, que aspiraba a 1,5 billones, pero no contempla la emisión de deuda perpetua, sino a largo plazo, y prevé que parte de las ayudas sean reembolsables.
Acercamiento entre Alemania, Francia y España
La cumbre arranca con señales de acercamiento de posiciones entre Alemania, por el lado de los países del norte, y de Francia y España, entre los partidarios de un gran fondo de reconstrucción. El Gobierno neerlandés de Mark Rutte, contrario a cualquier trasvase de recursos, también parece haber rebajado el tono una vez que los eurobonos han desaparecido del debate. Y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que había convertido los eurobonos en su objetivo irrenunciable, parece ya resignarse a otras fórmulas de solidaridad que puedan facilitar el consenso.
Aun así, fuentes comunitarias reconocen que todavía queda trecho para el acuerdo y que los términos finales del futuro fondo podrían tardar meses en cerrarse. Pero si la cumbre de este jueves da el visto bueno preliminar, la Comisión de Von der Leyen podría acelerar los trabajos. Y no se descarta que los primeros recursos del ingente plan puedan llegar a los países más afectados este mismo año y desembolsarse de forma acelerada en 2021 y 2022.
El plan pasa por la ampliación temporal del techo de gasto generará un margen de maniobra presupuestaria para emitir más de 323.000 millones de euros en deuda, unos bonos europeos que se beneficiarán de la excelente calificación crediticia de la UE. Bruselas calcula que las diferentes fórmulas de apalancamiento de ese capital permitirá movilizar, al menos, billón y medio de euros. Pero no descarta que se supere esa cifra y se rebasen los 1,6 billones, cifra superior al 10% del PIB de la UE, que era uno de los objetivos que se había marcado Bruselas.
Se trataría de la mayor operación de emisión de deuda comunitaria de la historia, multiplicando por 10 la emisión que se hizo en 2011 (29.000 millones de euros) para financiar los rescates de Portugal e Irlanda durante la crisis del euro. Por primera vez en este tipo de operaciones, además, no se trataría solo de financiar créditos a los Estados miembros sino también subvenciones a fondo perdido. Y una parte de la emisión (en torno al 10%) se destinaría a apalancar inversiones que podrían movilizar más de medio billón de euros, es decir, un tercio del Plan.
Propuesta con similitudes al plan español
El plan recoge parte de las ideas planteadas en las últimas semanas por los gobiernos de España o Francia, aunque busca un camino intermedio para no provocar el rechazo frontal de Alemania o Países Bajos. Por lo pronto, el fondo de reconstrucción estaría anclado al Marco Presupuestario Plurianual de la UE, tal y como había exigido Berlín. La propuesta también prevé que parte de las ayudas serán reembolsables para calmar, entre otros, al gobierno neerlandés de Mark Rutte.
Pero la ambición del plan coincide plenamente con las demandas expresadas por España (que aboga por un fondo de 1,5 billones de euros) y por financiarlo en gran parte con la emisión de bonos con cargo al presupuesto comunitario, lo que permitirá aliviar en parte la carga de deuda nacional. Y en un gesto hacia Francia, la Comisión se muestra dispuesta a que buena parte de las ayudas (200.000 millones de euros) se canalicen a través del llamado presupuesto de la zona euro, una ambiciosa propuesta de París que se había quedado reducido a una pequeña partida dentro del marco general.
Bruselas, sin embargo, no propone la emisión de deuda perpetua, como proponía España, más que nada por las dificultades técnicas que plantearía, según fuentes comunitarias. A cambio, ofrece períodos de madurez variables, de entre 5 y 30 años, que permitirán atraer a una gama más amplia de inversores y dilatar los vencimientos de manera que nunca desborden el margen de maniobra del presupuesto de la UE.
Fuentes comunitarias indican que la elevación del techo de gasto permitiría hacer frente de vencimientos de hasta 80.000 millones de euros al año, pero la intención de la Comisión es mantenerse muy por debajo de ese margen para no correr ningún riesgo de derrape presupuestario.
Buscar el visto bueno de Holanda
El apalancamiento de los recursos también puede calmar a La Haya, favorable a fórmulas como la utilizada durante el llamado plan Juncker, que a partir de 15.200 millones del presupuesto de la UE y 47.000 millones en avala puede movilizar 650.000 millones de inversión entre 2014 y 2020.
Bruselas se propone ahora utilizar una fórmula similar y multiplicar las “ventanas” de ese plan (rebautizado investEU). Las dos grandes novedades serían una partida destinada a facilitar la recapitalización con dinero público de empresas en dificultades, que podría movilizar hasta 300.000 millones de euros.
La Comisión cree que ese canal evitará distorsiones de competencia entre los países con margen presupuestario, como Alemania o Francia, que ya han anunciado su intención de rescatar a las grandes empresas si hace falta, y los del sur, con escasas posibilidades para acudir en socorro de sus compañías estratégicas.
La segunda partida novedosa financiará inversiones, con un potencial estimado de otros 200.000 millones de euros, se destinará a los sectores considerados imprescindibles para garantizar la “autonomía estratégica” de la Unión. Esa prioridad, hasta ahora no mencionada, pretende corregir la dependencia exterior de la UE que ha puesto de manifiesto la pandemia en sectores como el farmacéutico o de instrumental sanitario.
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