La Fiscalía ecuatoriana investiga las denuncias acerca de sobornos por la localización y entrega de cadáveres en hospitales, cuando la ciudad sucumbía porque había más de un millar sin recoger.
EFE
Romo señaló, en ese sentido, que el Gobierno «no descarta» que haya personas que «no trabajan para el sistema de salud o en los hospitales» de Guayaquil que sean parte de una red.
«La Fiscalía es ahora la encargada y la Policía actuará bajo pedido» del órgano fiscal, apostilló la ministra tras conocerse denuncias que apuntaban únicamente a personal hospitalario.
La fiscal Mishell Luna, de la Unidad 5 de Administración Pública de la Fiscalía Provincial de Guayas, debe esclarecer si funcionarios de hospitales públicos, como el del Guasmo Sur o Los Ceibos, exigieron dinero a parientes de fallecidos para entregarles sus cadáveres.
Hasta el momento, solo un funcionario del Ministerio de Salud ha sido destituido por estas denuncias.
MAL USO DE SALVOCONDUCTOS
Sólo en la ciudad de Guayaquil, en la que viven más de 2,7 millones de habitantes, se reportaban este jueves 2.388 casos positivos de coronavirus, de los 3.384 en toda la provincia.
Según Viteri, la rápida propagación se debió a que el caso cero, se dio cuando la región costera del país estaba en régimen vacacional por el verano austral.
Y también a que la población ha desoído sustancialmente las órdenes de permanecer en casa en aislamiento desde que se impusieron el 16 de marzo.
Guayas es también la provincia con mayor número de detenidos por incumplimiento del toque de queda, 356, de las que 105 ya han recibido la prisión preventiva.
Desde el lunes existe una restricción de circulación aún mayor -los coches sólo pueden salir un día a la semana según su placa-, lo que no ha impedido que el flujo no deje de aumentar en esta ciudad.
Uno de los que circulaba hoy irregularmente era Juan Villao.
«Tuvimos que escaparnos un rato de casa porque ya no teníamos comida. Nos toca salir los lunes, pero no pudimos venir a comprar antes», indicó el guayaquileño, excusándose en que tiene otros amigos que también lo hacen.
Viteri se quejó de que, como alcaldesa, la fuerza militar no está entre sus potestades, y que la Policía Metropolitana no tiene la capacidad de impedir las salidas.
El general Luis Lalama, comandante de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), explicó además que se «está utilizando mal el salvoconducto que se les da por un motivo exclusivo», y que vecinos salen de compras cuando en el documento solo se especifica que tenían permitido trasladarse al trabajo.
EFE
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