El 13 de marzo Melquiades Ávila, un líder indígena y periodista en el remoto estado venezolano de Delta Amacuro, se preguntó en su popular cuenta de Facebook: “El hospital Razetti en Tucupita estará en capacidad técnica operativa para casos de coronavirus”?.
A principios de esa semana, cuando Venezuela confirmó sus primeras infecciones por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud del presidente Nicolás Maduro incluyó en su sitio web al Hospital Luis Razetti, en Delta Amacuro, como uno de los 46 centros médicos “rectores” para recibir pacientes con COVID-19.
Ávila enumeró varias razones, todas confirmadas por Reuters en entrevistas con médicos en el hospital, por las cuales la afirmación del mandatario era falsa: la instalación no tiene monitores de presión arterial, jeringas o reactivos para diagnosticar el contagio por coronavirus.
“Parece un chiste”, escribió Ávila.
Un día después, Lizeta Hernández, gobernadora de Delta Amacuro y miembro del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pidió en una radio local el arresto de Ávila, acusándolo de “incitar al odio” y denunciándolo como “criminal”.
Ordenó a los militares de la zona que lo detuvieran “para que me le de una clase magistral de lo que significa la conciencia”.
En un mensaje de voz enviado a Reuters, la gobernadora dijo esta semana que solo quería “orientar” a Ávila y asegurarse de que él fuera “serio y responsable” como periodista.
Se negó a responder preguntas sobre el hospital, su preparación o los conflictos anteriores con Ávila, quien durante años ha criticado la atención médica en ese estado.
Raquel Ruíz, la directora del hospital, negó que la instalación no esté preparada. Las autoridades estatales, agregó, están alistando un edificio cercano para tratar a pacientes con coronavirus.
La amenaza contra Ávila, quien ahora está escondido pero habló con Reuters por teléfono; constituye uno de al menos siete episodios recientes en los que las autoridades venezolanas han tratado de detener a quienes critican la preparación del gobierno contra el coronavirus, según entrevistas con tres acusados ??y abogados de otros cuatro.
Además de Ávila, la policía arrestó a un legislador de la oposición que tuiteó -correctamente, según los trabajadores de salud del centro médico- que otro hospital en la lista oficial no tiene agua corriente.
La policía también arrestó a un técnico médico retirado que en un video dijo que un hospital en el estado Monagas, al este del país, no estaba preparado.
Los funcionarios de los ministerios de Salud, Justicia e Información de Venezuela no respondieron a las solicitudes de Reuters para comentar las detenciones, las condiciones de los hospitales o la participación de la policía en la respuesta al coronavirus en el país.
Críticos y opositores dicen que incluso en circunstancias normales, la disidencia puede llevar al arresto, penas de prisión o algo peor en Venezuela, donde las agresivas políticas de seguridad han llevado a las democracias occidentales a sancionar al gobierno por abusos contra los derechos humanos.
Ahora, opositores sostienen que el coronavirus ofrece una nueva oportunidad para que Maduro tome enérgicas medidas.
En China, donde comenzó el brote actual, los esfuerzos del gobierno para anular los alertas tempranas sobre el virus pueden haber ayudado a que se propagara el contagio, han dicho expertos en salud pública. China niega que ocurrieran tales encubrimientos.
Los críticos de Maduro temen que lo mismo pueda suceder en Venezuela, donde la pobreza, el hambre y la escasez de suministros médicos básicos complican la atención médica, incluso antes de la pandemia.
“El gobierno quiere esconder la verdad”, dice Humberto Prado, quien encabeza una comisión de derechos humanos de los legisladores de la oposición. “Si hablas, te van a arrestar, y te van a intentar a silenciar”.
Hasta ahora, Venezuela ha confirmado 91 casos de COVID-19 y ninguna muerte.
Más de 20 médicos y especialistas en salud pública temen que la cifra aumente rápidamente pese a una demostración de fuerza que el gobierno dice debería contener el brote. Algunas de sus medidas no son diferentes a las cuarentenas impuestas en determinadas zonas de Estados Unidos y países de Europa occidental.
Pero las fuerzas que llevan a cabo las tareas en Venezuela han estado asociadas durante mucho tiempo a la corrupción y violencia extrajudicial.
Las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, acusada por ciudadanos y críticos del gobierno de ejecuciones extrajudiciales y torturas, patrullan las calles.
Los agentes de inteligencia ahora custodian sitios que van desde supermercados hasta el instituto médico de Caracas encargado de realizar las pruebas de coronavirus.
En algunos puntos de control, la policía retiene a médicos antes de permitirles llegar o salir del trabajo, según 12 doctores y enfermeras entrevistados por Reuters.
Una médica le dijo a Reuters que ella pagó el equivalente al salario de una semana en un puesto de control en la ciudad central de Maracay.
“Los oficiales no me iban a dejar pasar”, dijo.
Funcionarios policiales de Maracay no respondieron a un pedido de Reuters para discutir el incidente. Funcionarios de seguridad, que también atienden en los puestos de control, remitieron una solicitud de Reuters para discutir el incidente al Ministerio de Defensa en Caracas. Los funcionarios del Ministerio de Defensa no respondieron llamadas telefónicas o correos electrónicos solicitando comentarios.
Algunos policías, siguiendo datos de informantes del vecindario, acompañan a médicos del gobierno a las barriadas pobres y obligan a las personas con tos o sospechas de otras enfermedades a hacerse exámenes, dijeron personas familiarizadas con las operaciones.
El gobierno dijo esta semana que las fuerzas de seguridad habían visitado más de 18.000 hogares.
Mientras tanto, el gobierno impide que profesionales en centros privados diagnostiquen, dijeron médicos a Reuters, centralizando todas las pruebas en el Instituto Nacional de Higiene, una instalación de Caracas que pasa los resultados directamente al Ministerio de Salud.
A principios de este mes, el ministerio prohibió las pruebas de coronavirus en la clínica privada El Ávila de Caracas, que tiene un laboratorio equipado para realizar sus propios diagnósticos, dijeron dos trabajadores médicos familiarizados con la orden.
El 13 de marzo, según dijo una de estas personas, trabajadores del gobierno fueron a la clínica y confiscaron los materiales de prueba.
Vicente Marzullo, director de El Ávila, no respondió a los esfuerzos de Reuters para discutir las medidas del gobierno allí.
“EL MUNDO DE NARNIA”
Ávila, el periodista de 54 años en Delta Amacuro, ha hecho enojar antes a los funcionarios del gobierno. Como miembro de la tribu Warao, ha descrito los crecientes desafíos de salud para los pueblos indígenas durante el colapso económico de Venezuela.
En 2018, transmitió en la radio local una grabación de una mujer Warao diciendo que sus familiares estaban muriendo por falta de medicamentos.
Hernández, la gobernadora, irrumpió en su oficina después y lo acusó de difundir mentiras, dijo Ávila.
Cuatro médicos de un hospital de la lista mencionada por Maduro por el coronavirus dijeron a Reuters que las advertencias de Ávila son precisas.
Los médicos, que pidieron no ser identificados, dijeron que el hospital no tiene ninguno de los materiales que Ávila mencionó y que no tiene los cruciales ventiladores, que han sido vitales en otros países para ayudar a los pacientes a respirar.
“Las declaraciones de señor Ávila no son mentiras”, dijo un médico. En el gobierno “viven en un mundo de Narnia”, agregó aludiendo a las clásicas fantasías épicas de C.S. Lewis.
Los trabajadores de la salud en otros nueve estados dijeron a Reuters que otros hospitales en la lista también eran deficientes.
El Hospital Leopoldo Manrique Terrero, en la zona de Coche, en Caracas, ni siquiera está abierto a pacientes. No ha funcionado como una instalación clínica durante al menos tres años, dijeron dos trabajadores de mantenimiento.
Reuters no pudo identificar un director para el hospital o un número de teléfono para las oficinas administrativas.
En Monagas el personal médico ha estado tan preocupado por la falta de preparación para el COVID-19 que filmaron una protesta en las afueras del Hospital Manuel Núñez Tovar, otra instalación en la lista.
Darwin Moreno, el director del hospital, en una breve conversación telefónica esta semana dijo que podría discutir el incidente más tarde ese día. No devolvió las llamadas telefónicas o mensajes de seguimiento.
En el video, filmado el 13 de marzo y visto por Reuters, Julio Molinos, un técnico retirado y líder del sindicato médico, instó al Ministerio de Salud a ser transparente.
El video, compartido ampliamente a través de grupos de chat, llegó a las autoridades.
El 15 de marzo, oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales, o FAES, arrestaron a Molinos, según dos abogados que lo defendieron. Directivos del grupo FAES no respondieron a una solicitud de Reuters de comentarios sobre el arresto.
La semana pasada, un juez dispuso que Molinos, de 72 años, quede bajo arresto domiciliario por cargos de conspiración e incitación al odio y al pánico. José Sosa, uno de sus abogados, lo llamó “un nuevo preso político en Venezuela”.
En el estado Bolívar, Tony Geara, un legislador de la oposición, escribió en un hilo de Twitter el 14 de marzo “no hay ni agua” en el hospital local Ruiz y Páez.
Tres trabajadores dijeron a Reuters que la instalación no ha tenido agua corriente durante los últimos cinco años y depende de camiones cisterna para recibirla.
Reuters no pudo comunicarse con los directores del hospital para hacer comentarios.
Horas después de los tuits de Geara, los agentes de la agencia de inteligencia SEBIN detuvieron al legislador en un punto de control vial, según un informe de la agencia revisado por Reuters. Fue arrestado y permanece bajo custodia policial.
En una audiencia en la corte la semana pasada, los fiscales acusaron a Geara, de 58 años, de posesión de explosivos y tráfico de armas. El informe del SEBIN contiene una foto de un agente que apunta a un rifle automático que está sobre el asfalto de la carretera donde arrestaron a Geara. Los agentes dijeron que el rifle estaba en el vehículo del parlamentario, según el informe.
Los funcionarios de SEBIN no respondieron a una solicitud de comentarios de Reuters.
Simón Andarcia, el abogado de Geara, dijo que el legislador negó los cargos y acusó a los agentes de plantar el arma. Tres colegas del partido Voluntad Popular, en el que milita Geara, dijeron que los agentes de SEBIN lo habían estado siguiendo recientemente y fotografiándolo en eventos políticos.
Dijeron que el gobierno no estaba contento con sus críticas y su papel ayudando a organizaciones benéficas locales a distribuir alimentos y medicinas entre los residentes más pobres.
“Era un cúmulo de cosas que la dictadura considera lo hacen una persona peligrosa”, dijo Luigi Pulcini, de Voluntad Popular en Bolívar, que también es primo de Geara. “Sospechamos que los tuit sean el detonante”. Reuters
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