Difundir las herramientas de ayuda de las que disponen las mujeres víctimas de violencia de género o prorrogar las medidas cautelares contra sus agresores son algunos de los instrumentos que Uruguay implantará para prevenir eventuales femicidios durante la crisis por el COVID-19.
EFE
«El objetivo principal es romper el aislamiento en el que quedan las mujeres que son víctimas de violencia doméstica», aseveró a Efe la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, tras presidir este martes una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Consultivo por Una Vida Libre de Violencia de Género de Uruguay.
En la reunión, que se mantuvo de manera telemática, estuvieron también presentes la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y representantes de otros organismos estatales y de la sociedad civil.
En solo diez días, del 4 al 14 de marzo, cuatro mujeres fueron asesinadas en Uruguay, según informaron medios locales.
En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Ejecutivo el 13 de marzo, el Inmujeres reforzó su sistema de respuesta telefónica para asesorar a mujeres en situación de violencia.
Sin embargo, tanto el número de llamadas al teléfono de atención a víctimas como la visita a servicios presenciales disminuyeron durante estos primeros días de emergencia por los cuidados de los que se hace cargo la mujer tras la suspensión de las clases y por la situación de supervivencia que viven, explicó Bottero.
Por ello, el Consejo acordó preparar campañas de divulgación para que las mujeres víctimas de violencia sepan «cómo romper las barreras de comunicación» que impone el aislamiento social y se establecerán redes comunitarias para pedir a vecinos y amigos que «estén atentos» a posibles casos.
Por otro lado, pedirán a la Justicia que prorrogue por 60 días las medidas cautelares, como tobilleras o custodias policiales, que tengan por objetivo proteger a mujeres víctimas de violencia.
En el plazo de 48 horas, detalló la directora de Inmujeres, comenzarán a instrumentarse estas y otras medidas.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, calificó este lunes los femicidios ocurridos en el país de «efecto colateral» del confinamiento.
«Lamentablemente, como un efecto colateral obviamente muy grave a veces este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones», dijo el presidente en unas declaraciones muy criticadas por la oposición.
Consultada por ellas, Bottero incidió en que en Uruguay «mucho antes de la emergencia sanitaria hay una emergencia por violencia de género decretada el 30 de diciembre».
Según la directora de Inmujeres, el Gobierno del Frente Amplio (FA, izquierda) no concretó ninguna de las medidas que planteó en el escrito de emergencia, mientras que el Ejecutivo actual, del Partido Nacional (PN, centroderecha), «ya está actuando».
Uruguay decretó el 13 de marzo la «emergencia sanitaria» al confirmarse los primeros positivos por COVID-19 en el país, que ascienden ya a 162.
Aunque no rige cuarentena obligatoria, el Ejecutivo exhorta a la población a no salir a la calle y está vigente la suspensión de clases, espectáculos y la mayoría de actividades del sector público.
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