Este sábado 21 de marzo, en horas de la noche fue detenido arbitrariamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el colega Darvinson Rojas.
El periodista fue detenido junto a sus padres luego de allanamiento de su casa, sin orden de tribunal alguno, bajo amenazas efectuadas por los funcionarios policiales y trasladado a la sede policial en la Urbanización La Quebradita.
Cerca de la media noche fueron liberados los progenitores de Rojas, quienes este domingo 22 se dirigieron de nuevo al organismo policial donde se les informó el periodista no se encontraba allí.
Se trata de una desaparición forzada, la cual está definida por las Naciones Unidas en la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, estableciendo como nuevo derecho humano en todo el mundo, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada.
El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada: Se entenderá por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En los apartados del artículo 1, la Convención establece el nuevo derecho humano absoluto, inviolable bajo ninguna circunstancia de excepción:
1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.
Desde el CNP Caracas hemos venido denunciando que la agresión a periodistas y el hostigamiento a los medios se ha convertido en una política de estado, representando un grave atentado contra las libertades de expresión, prensa e información, lo que se traduce en una violación flagrante a los principios democráticos establecidos en la nuestra carta magna.
Es muy grave que el gobierno presidido por Maduro, se aproveche del estado de emergencia producto de la pandemia de enfermedad por Coronavirus, para atentar contra un valor de la democracia como es el derecho a la información.
El gremio periodístico tiene que cumplir con el deber de mantener al pueblo informado, por ello, más allá de ser un atentado contra las libertades de expresión, información y prensa; es un acto criminal contra los periodistas, quienes ejerciendo su profesión, constantemente somos agredidos por autoridades y grupos civiles afectos al gobierno.
La Constitución Nacional Bolivariana en su Artículo 57, señala: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…”
El gobierno venezolano está haciendo uso de una de las formas más radicales que utilizan los regímenes autoritarios para impedir la difusión de informaciones.
Por otro lado la ley de ejercicio del periodismo señala en su Art. 8 “El secreto profesional es derecho y responsabilidad del periodista. Ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa de hechos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de la profesión».
La carta de la OEA, en su Capítulo II, Artículo 3, letra 1, señala: “Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.” Entre los derechos fundamentales del hombre está la de expresarse y opinar libremente, sin ningún tipo de coacción o amenaza.
La Carta Democrática Interamericana, sobre el particular señala: “Artículo 4: Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa».
El derecho a la libertad de expresión está fuera de toda discusión en la sociedad actual, ya que es factor fundamental indispensable para la existencia de una sociedad democrática, aunque en el caso venezolano no solo es importante la presencia de este derecho sino su efectividad, es decir la garantía de su cumplimiento.
Exigimos la liberación inmediata de Darvinson Rojas. Asimismo instamos a la comunidad internacional estar atentos por la situación que atraviesa la prensa en Venezuela, particularmente en estos momentos de pandemia por Coronavirus.
Caracas ,22 de marzo de 2020
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