El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado dos veces por corrupción, negó este miércoles 19 de febrero ante la Justicia haber recibido sobornos a cambio de un decreto que beneficiaba al sector automotriz.
EFE
El exmandatario declaró en Brasilia ante el magistrado Vallisney de Souza Oliveira, de primera instancia, en un caso relacionado con la Operación Zelotes, que investiga una supuesta red de corrupción en la que empresas sobornaban a funcionarios para no pagar los impuestos correspondientes.
En este proceso, Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, es acusado por la Fiscalía de un delito de corrupción pasiva.
Según el Ministerio Público, el entonces jefe de Estado firmó en 2009 un decreto, a cambio de supuestos sobornos, para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios.
«Estoy cansado de tanta mentira contra mí, de tanta liviandad, de tantas insinuaciones», declaró Lula, quien volvió a desafiar a la Fiscalía a «probar un desliz» en su vida y a la que acusó de actuar con «mala fe».
De acuerdo con los fiscales, compañías del sector automotriz prometieron 6 millones de reales (hoy unos 1,4 millones de dólares) a Lula y al entonces ministro Gilberto Carvalho, quien también responde por este caso.
Ese montante de dinero, según el Ministerio Público, serviría para costear campañas electorales del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera desde su fundación, en 1980, el expresidente brasileño.
LULA RECHAZA LAS ACUSACIONES DE LA FISCALÍA
Lula negó este miércoles haber negociado el decreto investigado con representantes de la industria automovilística.
«Yo no discutí el decreto 471 con Mauro Marcondes (lobista del sector automotriz) en ningún momento porque no tenía nada de lo que hablar con Mauro Marcondes. Yo no discutía con la industria automovilística el decreto. El decreto era discutido con los ministros y después me llegaba a mí una vez concluido todo el proceso hasta llegar a la Presidencia de la República», explicó.
El interrogatorio a Lula estaba previsto inicialmente para el 11 de febrero, pero fue aplazado a petición del expresidente, que la semana pasada visitó al papa Francisco en el Vaticano.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, dijo este miércoles a los periodistas que la declaración de Lula fue «esclarecedora» y aseguró que «es una cosa sin noción» querer «responsabilizar a Lula» por esa medida.
Asimismo, aseguró que el decreto fue «debatido» y «discutido» por una «serie de técnicos», «ministros» y después aprobado «por unanimidad por el Congreso».
DOS CONDENAS Y OTROS PROCESOS POR CORRUPCIÓN ABIERTOS
En contra de Lula pesan ya dos condenas por corrupción y blanqueo de capitales. Además, responde a varios procesos por casos similares, muchos de ellos vinculados con la Operación Lava Jato, que investiga los millonarios desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
La primera condena, de 8 años y 10 meses de cárcel, pero de la que ya ha cumplido 1 año y 7 meses, ha sido ratificada en tercera instancia y aún falta el análisis del Supremo para que sea firme, razón por la cual responde en libertad.
En virtud de esa sentencia, Lula ingresó en prisión en abril de 2018, pero consiguió su libertad en noviembre pasado gracias a un fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional que una pena comience a ser cumplida tras haber sido confirmada en segunda instancia y aún cuando quedan recursos pendientes en tribunales superiores.
La segunda condena fue ratificada en noviembre pasado por un tribunal de segunda instancia que le aumentó el castigo hasta los 17 años y 1 mes de prisión.
Lula pretende recorrer este año algunas regiones de Brasil para hacer oposición al presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, su mayor adversario político, y apuntalar los apoyos del PT de cara a las elecciones municipales de este año.
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