Corre por las redes sociales un video en el cual se hace una acusación muy seria sobre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. El portal NTN24 publica que Alba Flores, exesposa de Samuel Moreno, hijo del magistrado, denunció a través de Twitter la detención arbitraria de su padre en represalia a que ella tuvo que salir del país para evitar perder la custodia de su hija.
Por Valentina Gil / CLÍMAX
“¡Ayúdenme, por favor! Se están llevando a mi padre de 77 años solo porque yo me estoy defendiendo y no me estoy dejando quitar a mi hija (…) Maikel Moreno está secuestrando a mi padre”, expresa Flores en un video que compartió el diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo García.
Esta gente no tiene límites. La nuera de Maikel Moreno huyó del país con su hija y ahora su familia es objeto de secuestro y persecución.@Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/P4C651U3gr
— Juan Pablo García (@JuanPabloGve) December 18, 2019
Los señalamientos contra Moreno y su hijo por parte de Alba Flores no son los primeros que afirman que ambos usan la justicia y el poder institucional a su favor. Hay, por lo menos, un antecedente. Y la mujer también estaría involucrada.
El 18 de abril del 2018 las vidas de Melvin Gregorio Farías Gutiérrez y Junior Gerardo Rojas Gutiérrez cambiaron para siempre. Alrededor de las 4:30 pm, Rojas, de 38 años, quien trabajaba en el Centro Comercial San Ignacio como vigilante del local “Farías Joyeros”, fue acorralado contra la fachada del establecimiento. Su atacante intentó dispararle, pero el arma se encasquilló. Esto le dio la oportunidad a la víctima para que sacara su pistola. Las balas volaron, mas nadie salió herido.
El agresor, posteriormente identificado como Sergio Sánchez, huyó junto con otros dos hombres. La policía no tardó en llegar y sacó del baño, ubicado al lado de la joyería, a una mujer y una niña, la pareja e hija de Samuel Moreno. En ese momento, se supo que Sánchez y compañía eran sus escoltas y, poco después, llegó el hijo del magistrado que preside el TSJ gritando: “Son unos malditos, unas basuras, allí estaba mi hija”, relata Infobae.
«Esas son manifestaciones muy claras de cómo en el país se ha perdido el Estado de Derecho»
Melvin Farías, de 21 años, director ejecutivo de la joyería, respondió a los improperios diciéndole: “¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Maldito eres tú”. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se llevó a ambos empleados para que declararan y los dos pasaron toda la noche esposados en la Sub Delegación Chacao.
Al día siguiente, en la audiencia de presentación, a Junior Rojas le imputaron el crimen de homicidio intencional en grado de frustración contra Samuel Moreno. Además, se le inculpó por usurpación de funciones, ya que portaba su credencial de Policía Nacional, a pesar de haber sido suspendido de la institución, y lo acusaron por porte ilícito de armas y lesiones contra el escolta Sergio Sánchez, aunque el informe del médico forense no estaba incluido en el expediente.
Por otro lado, a Melvin Farías lo acusaron de complicidad no necesaria en el delito de homicidio intencional en grado de frustración contra Moreno y porte ilícito de armas. Sin embargo, él no estaba armado y el hijo del presidente del TSJ no estuvo presente cuando ocurrió el altercado, sino que llegó después. Cuando empezaron las investigaciones preliminares, Farías y Rojas desaparecieron del mapa. La incomunicación duró 45 días, tiempo en el que su familia pensó lo peor.
Los jueces esperan «órdenes de arriba»
“Todos los días íbamos a la Dgcim -Dirección General de Contrainteligencia Militar- a preguntar. Los funcionarios decían un día que sí estaban, otro día que no, que los habían trasladado a otro centro de reclusión… y no nos daban respuesta. No me daban fe de vida de mi hijo ni de mi hermano”, cuenta Ana Gutiérrez, madre de Farías. Le resulta imposible no llorar cuando habla de su hijo. Lo describe como un hombre honesto y tranquilo, con mucha afinidad para las ventas y manualidades. “Él no quiso atentar contra ese muchacho. Todo fue una terrible confusión”.
Después de ese período de incertidumbre, se confirmó que permanecían detenidos en sede de la Dgcim, en Boleíta, Caracas. Según sus familiares, los detenidos estaban en el hueso. Rojas y Farías habían perdido entre 10 y 15 kilogramos de peso. Además, la salud del director de la joyería estaba sumamente deteriorada, llegando al punto de vomitar sangre, producto de una gastritis crónica y una hernia hiatal que lo aqueja.
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El primero de junio de 2018, la Fiscalía 59 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas solicitó sobreseimiento de la causa para Melvin Farías Gutiérrez y pidió medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad. Desde ese momento, Farías debía estar en libertad, pero el Tribunal 49 de Control, a cargo de la jueza Hilda Rosa Villanueva Peralta, no dio despacho. Tres semanas después, se fijó la audiencia para el primero de agosto, pero no se realizó. Después, quedó para el 20 de agosto. El día llegó y tampoco se celebró. Y así.
El lunes 17 de junio de 2019, Melvin y Junior fueron excarcelados, después de un año y dos meses tras las rejas. Ocurrió apenas dos días antes de que comenzara la visita oficial a Venezuela de Michelle Bachelet
El retardo procesal se debió a que Villanueva Peralta esperaba órdenes superiores del TSJ para otorgar la medida cautelar, argumentando que se trataba de un “caso emblemático”, según familiares de los acusados. Además, insistía en que Samuel Moreno debía estar presente. De acuerdo con el Código Penal, es obligatorio notificar a la víctima y ya queda de su parte asistir o no a la audiencia.
“Ni Fiscalía ni Tribunal tiene datos de Samuel Moreno, por lo que no pueden comunicarse con él. Intentamos conseguir el contacto por otras vías, pero se presume que ni siquiera vive en Venezuela. También tratamos de hacer todos los procedimientos ordinarios. El último fue que Fiscalía solicitó al Saime los movimientos migratorios de Samuel Moreno para evidenciar que está fuera del país y así celebrar la audiencia de presentación sin su presencia”, expresa la abogada Yari Farías, hermana de Melvin y sobrina de Junior, quien lleva el caso junto con Alonso Quijada.
Pero los diferimientos continuaron e incluso la jueza se negó a mostrarles el expediente a los defensores. Asimismo, el libro de víctimas nunca fue entregado al tribunal, por lo que fue imposible notificar a Moreno.
La abogada Farías decidió entonces alzar la voz en instancias nacionales e internacionales. Acudió a presidencia del Circuito, Inspectoría General de Tribunales, Defensoría del pueblo, entre otros. También le entregó un expediente sobre la situación de los presos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Igualmente, organizó actividades en las calles para dar a conocer el caso en la opinión pública.
En la espera, Melvin y Junior compartieron una estrecha celda en la que dormían en el piso y hacían sus necesidades donde podían. Posteriormente, los pasaron a una con baño y litera. Tenían prohibidas las llamadas, al igual que los libros, por lo que se distraían fabricando prendas con papel higiénico, bolsas plásticas y cartón. Los domingos eran los únicos días en los que podían recibir visitas, de 9 am a 12 pm.
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La Fiscalía 59 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas solicitó sobreseimiento de la causa para Melvin Farías Gutiérrez
Ser apresado injustamente no solo afecta a las víctimas, sino también a sus familiares. Con el encierro, la rutina de Ana Gutiérrez y Yari Farías cambió por completo. De lunes a lunes, se paraban temprano a preparar y llevarle la comida a Melvin a la Dgcim. Después, dedicaban el día a hacer diligencias relacionadas con el caso. El tiempo para atender la joyería o distraerse era cosa del pasado.
De igual modo, la vida de Elena Martínez, esposa de Junior Rojas desde hace 18 años, dio un giro de 180°. Tras el encierro de su marido, todos los gastos del hogar cayeron sobre sus hombros. También pasó de trabajar en los Valles del Tuy, su hogar, a Caracas, donde el tema del transporte público fue su primera traba por lo caótico que es.
La adaptación fue ruda. Hubo momentos en los que quiso tirar la toalla porque el cansancio y el estrés la sobrepasaba, pero pensar en sus tres hijos la mantuvo con los pies en la tierra. El protegerlos fue su norte. Sin embargo, la ausencia de su papá no pasó desapercibida.
“Al niño, que tiene seis añitos, le preguntaban por su papá en el colegio y decía que estaba haciendo un curso militar, que es lo que le habíamos dicho. La más pequeña de las hembras, la de ocho, es la más apegada a su papá. Su costillita. Muchas veces la encontré hablando con la pared, como si estuviese hablando con él. Un día me senté a hablar con ella y le dije que las cosas tendría que decírmelas a mí para ayudarla”, relata Martínez.
A Melvin Farías lo acusaron de complicidad no necesaria en el delito de homicidio intencional en grado de frustración contra Moreno y porte ilícito de armas
El lunes 17 de junio de 2019 a las 8:40 pm, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que Melvin y Junior fueron excarcelados, después de un año y dos meses tras las rejas. Ocurrió apenas dos días antes de que comenzara la visita oficial a Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de haber retomado sus vidas, las cicatrices permanecen. Clímax solicitó entrevistar a Melvin Farías, quien, por motivos personales, prefirió no dar declaraciones.
Lo que nos dice la historia
Los abusos de poder no son algo exclusivo de la época chavista. A lo largo de su historia como República, en Venezuela han ocurrido diversos casos en los que los funcionarios públicos y sus allegados se consideran intocables. Ante cualquier altercado, actúan desproporcionadamente contra los involucrados, pasando por encima del debido proceso y cualquier normativa legal.
Daniel Terán-Solano, historiador y profesor, menciona a Blanca Ibáñez, viuda del expresidente Jaime Lusinchi, quien acumuló un poder e influencias enormes cuando fue la secretaria privada y amante del adeco. Ibáñez amenazó, silenció y censuró medios, al igual que coaccionó de distintas formas a quienes no se sometían a sus designios.
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“Fue un secreto a voces que cuando ella sacó su carrera de Derecho en la Universidad Santa María, un profesor que no la aprobó en una materia logró ser despedido por las presiones que ella ejerció. De igual manera, cuando se produjo el divorcio del presidente Lusinchi con su esposa legal, la doctora Gladys Castillo, Ibáñez presionó para que los medios no cubrieran las declaraciones y las ruedas de prensa que ella dio. El Nacional fue uno de los pocos medios que publicó su contenido y, como consecuencia, al medio se le negó papel para su funcionamiento y dólares para poder comprar en el exterior ese insumo”, expone Terán.
En la audiencia de presentación, a Junior Rojas le imputaron el crimen de homicidio intencional en grado de frustración contra Samuel Moreno
Igualmente, el profesor saca a relucir el divorcio de Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional en la época de Marcos Pérez Jiménez. Ningún abogado quiso tomar el caso por miedo a represalias y el único que lo atendió fue Rafael Caldera, a la postre dos veces Presidente del país, quien lograría llevar adelante el proceso de divorcio. En consecuencia, tirotearon el hogar de Caldera, la quinta «Punto Fijo» de Sabana Grande, estando él con su esposa e hijos pequeños.
“Las leyes o su existencia son como un traje a la medida para el poder. Juega de alguna manera con la libertad y la vida de las personas. Cuando la política entraba por la puerta de la justicia, la justicia salía corriendo por la ventana. Ya deja de ser la dama ciega y entonces ella se baja su banda que le cubre los ojos”, describe María Soledad Hernández, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Retrato de familia
La profesora Hernández rememora el caso del caudillo Matías Salazar, quien fue amigo incondicional de Antonio Guzmán Blanco. Sin embargo, Salazar lideró una insurrección contra el «Ilustre Americano» en 1871, pero no logró su cometido y fue apresado. “Lo más interesante de esto es que en la Constitución de 1864, la federal, se elimina la pena de muerte, e igual Guzmán Blanco manda a fusilar a Matías Salazar por traición. Pudo haber tomado alguna represalia contra él porque se levantó, pero no mandarlo a fusilar. Entonces, desde el poder siempre existe esa posibilidad de hacer contigo o de ti lo que quiera”.
Asimismo, la historiadora nombra el altercado entre la jueza María Lourdes Afiuni y el exmandatario Hugo Chávez, el cual la encarceló arbitrariamente por darle libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, y para quien exigió pena máxima. Incluso después de la muerte de Chávez, la jueza Afiuni aún no recibe su libertad plena.
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Los señalamientos contra Moreno y su hijo por parte de Alba Flores no son los primeros que afirman que ambos usan la justicia y el poder institucional a su favor
No obstante, Hernández destaca que el caso de Farías y Rojas es emblemático porque, a diferencia de los hechos mencionados, no se trata de los presos del Presidente de la República, sino del hijo del Presidente del TSJ, la máxima instancia de justicia a la que los ciudadanos pueden acudir.
“Esas son manifestaciones muy claras de cómo en el país se ha perdido el Estado de Derecho. Cuando se pierde el Estado de Derecho, se pierde todo. Entonces, ¿cuál es realmente nuestra posición como ciudadanos? ¿Quién nos protege? Yo creo que el país es una muestra de 20 años de impunidad íntimamente relacionada con esa discrecionalidad que se ha exacerbado. Antes los roles estaban medianamente definidos, ahora no. Todo el mundo es poderoso y todo el mundo tiene la potestad de hacer”.
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