Expertos adviertieron sobre las actividades de minería ilegal, el contrabando, el desplazamiento y la violencia, producto de la extracción del oro, que se está desarrollando en Venezuela, con el consentimiento del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, durante una disertación que se llevó a cabo la sede del centro de pensamiento “Atlantic Council”.
Por Sofía Pisani | Voz de América
En el evento participó la periodista venezolana de investigación, Lisseth Boon, del portal digital Runrun.es, quien describió todo el proceso operativo de la minería ilegal en Venezuela. La periodista considera que el gobierno en disputa de Maduro ha optado por esta actividad como un salvavidas para mantenerse en el poder.
“El arco minero fue creado para poner orden a la actividad minera, pero se ha convertido en anarquía e informalidad. El estado ha permitido todo este tipo de actividades ilícitas, que es controladas por los militares”, señaló Boon.
Adicionalmente, la destacada periodista advirtió sobre cómo se están utilizando las instituciones del estado para formalizar la actividad irregular.
“Los mecanismos legales están formalizando o lavando este oro que proviene del arco minero del Orinoco. Y también están vendiendo las reservas de oro de la nación. Desde que Nicolás Maduro llegó al poder, las reservas han disminuido a un 60%, que se venden al extranjero a clientes de ‘turbia’ reputación”, destacó.
Boon añadió que “organizaciones sin fines de lucro calculan que un promedio de 80 toneladas de oro al año se están fugando de Venezuela, por caminos irregulares, sin ningún tipo de rendimiento de cuentas”.
Según detalla Boon, las rutas del contrabando van desde las Islas ABC del Caribe, Aruba, Bonaire y Curazao. Y, por tierra, se trafica con la frontera de Colombia y Brasil.
Por otro lado, el experto en seguridad y presidente de IB Consultants, Douglas Farah, se refirió a la combinación de actividades criminales en la Amazonía venezolana y a los riesgos en que se encuentran sus habitantes, asegurando que están expuestos a la violencia de grupos armados, al abusos de sus derechos humanos.
“Por ser un negocio lucrativo, atrae la prostitución; muchas veces de menores, tráfico de personas, esclavitud, una serie de cosas que violan los derechos humanos, concentrado en un solo negocio que es terrible”.
Asimismo, Farah advierte sobre los daños ambientales que ocasiona la práctica de este tipo de actividades irregulares.
“La consecuencia más obvia es, en términos de medio ambiente; la destrucción total de ríos, de bosques de vida donde hay animales, porque el mercurio que utilizan para sacar el oro contamina todo”, explicó el experto en seguridad.
Según le dijo Farah a la Voz de América, controlar el tráfico del oro es mucho más complejo, con relación a otras actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico, ya que para ello existe un consenso para combatirlo, pero en cambio “con el oro, construir un régimen legal para controlar su práctica ilegal es complicado, ya que al salir de Venezuela pertenece a quien lo compra y no existe manera de comprobar de si les pertenece o no”.
Sin embargo, el experto de IB Consultants aseguró que se está estudiando la posibilidad de aplicar sanciones a las empresas, corporaciones o entidades bancarias, en el extranjero, que se lucren de la compra del oro venezolano en el mercado negro.
En el panel también participaron Sasha Lezhnev, director de Enough Project, una organización dedicada a contrarrestar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, y Frédéric Massé, subdirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina.
Lezhnev expuso sobre cómo en países de Africa, en el que era común el tráfico de minerales, se ha disminuido. “En el caso particular del Congo todas las minas eran controladas por grupos armados. En el año 2010, un 80% de los mineros ya no trabajan en mina ilegales”
Según explicó Sacha: “ha habido tres respuesta principales en el Congo ante este tipo de actividad ilegal, que ha sido el motor principal de violencia en ese país oro y tres minerales más. Estados Unidos aprobó una ley que exigía a las compañías que cotizaran en la bolsa y declarar con cuál compañía adquirían el mineral”. Un paso importante que ayudó a combatir el tráfico de minerales en Africa.
Frédéric Massé, de la Redde Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina, se refirió a cómo grupos irregulares armados colombianos se han dedicado a la practica de minería Ilegal y de como el gobierno de Colombia ha tomado medidas para tratar de combatirlo.
“Esos grupos estaban presentes en algunas zonas donde había minería, no es que estaba involucrados en esto, pero como estaban en contacto con las poblaciones empezaron a ver que había una oportunidad de diversificar sus fuentes de financiación, entonces poco a poco comenzaron a cobrar vacuna”, señaló Massé
“El gobierno colombiano tuvo una reacción tardía, desde hace solo 10 años, sobre el involucramiento de grupos armados en la actividad irregular, pero empezó a tomar nuevas medidas de formalización de los mineros, otras medidas para coordinar la política de lucha contra la minería ilegal y tratar de detectar y operar fácilmente en esa zona”, culminó el experto.
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