En Cuba, Venezuela y Nicaragua, sobre todo, no se hará ninguna mención. O cualquiera que se realice sonará a ironía. Como la que hizo esta mañana el tradicional diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista cubano respecto a un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Los derechos humanos en Cuba consagran la dignidad plena del hombre”, sorprende uno de sus principales titulares. Extraña interpretación cuando decenas de presos políticos -con el activista opositor José Daniel Ferrer detenido, torturado e incomunicado por el régimen, encabezando el listado- son víctimas de la persecución sistemática por parte de La Habana.
Por Laureano Pérez / Infobae
El trascendental documento fue firmado el 10 de diciembre de 1948 -hace hoy 71 años- en París tres años después de que se pusiera fin a lo que significó una de las mayores tragedias de la Historia: la Segunda Guerra Mundial. En ese oscuro período, en los campos de concentración nazis contra la población judía, se sintetizó lo más siniestro del espíritu del Hombre. El horror había quedado grabado en aquellos que pudieron sobrevivir y dieron testimonio de las aberraciones sufridas. Los líderes mundiales intentaron darle cuerpo escrito a aquellos parámetros básicos que ningún iluminado mesiánico debería traspasar: justicia, igualdad y dignidad. El día se consagró histórico.
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América Latina lo recuerda hoy con plenitud dispar. La justicia es una de las deudas más profundas y persistentes de la región. Es quizás la débil base institucional desde la cual se permite el resurgimiento de líderes caudillescos que más temprano que tarde emergen como salvadores. Se envisten y atropellan institucionales con el único y falaz argumento de erigirse como los exclusivos defensores e intérpretes de la voluntad popular. Se instalan a partir del voto pero desde allí muchos violentan las estructuras democráticas y justifican sus subsiguientes excesos. Y la justicia, que debería ser el dique de contención y de resguardo constitucional, no actúa, allana o es desmembrada por la imposición de estos líderes.
La igualdad en la región es otro déficit estructural que ninguna administración -aún las más ordenadas, como la chilena- consigue equilibrar. Y cuando florecen los números macroeconómicos de aquellas gestiones que se benefician con los saltos en los valores internacionales de sus recursos naturales los jefes de estado se tientan en una distribución ficticia en lugar de fomentar las bases para conseguir el desarrollo definitivo. Subsidios, desvío de fondos, corrupción por un lado; reformas constitucionales, cortes y tribunales amistosos por otro. Ese camino es el que posibilita las ansiadas reelecciones por sobre el bronce de la historia. Los ejemplos sobran: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil. Eras doradas de bolsillos llenos con nulo desarrollo estructural y educativo.
La dignidad continúa siendo una de las grandes deudas. Sobre todo en aquellas naciones cuyos líderes atropellan los derechos humanos de sus habitantes. El récord del dictador Nicolás Maduro produce escalofríos: son 7.000 las víctimas de su tiranía. La deuda humana de Caracas es absoluta. Tanto que las Naciones Unidas, la cuna donde nació aquella Declaración, fue la encargada de enumerar las violaciones que el régimen encarna. El informe llevó al firma de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, ex presidente de Chile y cuya familia padeció en carne propia a la dictadura de Augusto Pinochet. La palabra autorizada de la chilena enfureció al Palacio de Miraflores. Dejó expuestas ante el mundo las torturas y las ejecuciones extrajudiciales que la cúspide chavistas ordenaba contra aquellos que se alzaban contra ellos.
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La diáspora es otro de los dramas humanitarios que fomentó Maduro. En total son 4.769.498 los venezolanos desplazados que debieron iniciar otra vida, sobre todo, en el resto de la región. La mayoría de ellos buscaron amparo en Colombia (1.630.903), Perú (863.613) y Ecuador (385.042). Los datos pertenecen a la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Cada uno de ellos sufrió algún tipo de abuso por parte de miembros del régimen, pasó hambre o no contaba con los recursos necesarios para sobrevivir. La historia de una nación que se desangra.
Por su parte, la Nicaragua de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidente de la nación, está apenas un paso por detrás de Venezuela, pero no escapa a los pedidos internacionales para que cesen en su persecución política contra los opositores, mientras el colapso social se evidencia cada vez más. “El gobierno debe terminar con la persistente represión de la disidencia y las detenciones arbitrarias, y abstenerse de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, opositores políticos y cualquier otra voz disidente”, señaló uno de los informes de la ONU sobre el país centroamericano.
En noviembre pasado fue la Unión Europea la que instó al autócrata a poner fin a sus métodos. “La UE hace un llamamiento al Gobierno de Nicaragua y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que liberen a las personas detenidas y retiren los cargos, levanten el asedio de la iglesia y garanticen el pleno respeto de los derechos constitucionales de toda la población nicaragüense, en particular las libertades de expresión, reunión, religión y protesta pacífica”. Ortega desoye. Desde el inicio de las protestas en abril de 2018 por la reforma del Seguro Social, alrededor de 320 personas perdieron la vida como consecuencia de la represión oficial. Allí, la emigración de sus ciudadanos comenzó lentamente.
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Detrás de ellos, Cuba. La Habana funciona como el soporte ideológico y el consejero que ordena cómo actuar ante cada situación adversa. Sus jefes son expertos en ganar tiempo y eludir las demandas de su población. Lo consiguen desde hace más de 60 años. Su injerencia en los regímenes de Caracas y Managua es absoluta. Son quienes deshonran aquella Declaración de hace 71 años que cambió el planeta.
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