Un informe elaborado por Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia advierte que una alarmante cifra de 1.134 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidios durante el año 2017.
Por Julett Pineda y Cristina González | Cecodap
En el país más violento de Sudamérica la infancia viste de luto. Se acostumbró a llevar por dentro el duelo de haber perdido a papá o a mamá. El Estado venezolano, que ha hundido en una emergencia humanitaria compleja al país, ha reducido su rol de garantizar protección, atención y reparación a los niños, niñas y adolescentes. Políticas públicas desarticuladas que impiden atender a las víctimas indirectas de la violencia delictiva, además del desmantelamiento del Sistema de Protección de los NNA, sumen a la población más vulnerable en un abismal abandono.
A sus escasos 12 años, Jesús solo conoce carencias. Supo qué significaba estar desprotegido cuando una bala perdida se desvió de un enfrentamiento entre bandas e impactó en su pie. La violencia delictiva caraqueña lo había dejado sin padre a los tres meses de nacer. Las circunstancias le arrebataron su niñez y lo obligaron a adoptar un rol paterno frente a sus hermanos menores. No sabe leer. Dejó de ir al colegio. No tiene zapatos ni tampoco suficiente comida en casa.
En la accidentada geografía del barrio San Blas de Petare, en el este de Caracas, vive Jesús, un niño al que la sociedad y el Estado venezolano olvidaron.
Según los tratados internacionales para la protección de la infancia, Jesús debería tener acceso a servicios básicos y agua segura. No debieran faltar alimentos en su casa ni siquiera en condiciones extraordinarias porque, solo por ser niño, las normativas ratificadas desde el seno de múltiples organismos internacionales le dan prioridad a su socorro y protección. Jesús debiera ir al colegio y desarrollar sus aptitudes, mientras recibe amor y comprensión en el hogar.
Los gobiernos locales debieran implementar medidas de seguridad para proteger a sus niños, niñas y adolescentes y permitirles disfrutar del recreo y de servicios médicos adecuados con el fin de que desarrollen su personalidad de forma plena y armoniosa.
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Pero en Venezuela, específicamente en los casos de Jesús y de otros ocho niños a los que Efecto Cocuyo tuvo acceso para este trabajo, no se cumplen los derechos proclamados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado se aprobó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1989 y fue respaldado por 194 Estados. Contempla 54 artículos que establecen los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.
Las precarias condiciones en las que ha transcurrido la violenta infancia de Jesús se han exacerbado con la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela actualmente, marcada por una severa crisis sanitaria, alimentaria y de servicios públicos.
Este término fue usado por primera vez por la ONU en la década de los 80 para referirse a situaciones que se caracterizan por un colapso de la economía formal y de las instituciones del Estado, así como también por hambrunas, conflictos civiles y migración forzada.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país han alertado desde 2015 que Venezuela atraviesa una emergencia de este tipo y que ésta se ha ido profundizando progresivamente debido a las ausencia de medidas correctivas por parte de las autoridades gubernamentales.
En el marco de este complejo escenario, una investigación sobre el Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el Área Metropolitana de Caracas realizada por la investigadora Angeyeimar Gil para el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) en octubre de 2018, concluyó que en el país se cometen graves violaciones a los derechos humanos de la infancia.
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