Desórdenes y compra de votos empañaron la jornada electoral en Colombia, donde este domingo se eligen 32 gobernadores y 1.101 alcaldes para el periodo 2020-2023.
«Hemos podido observar que salvo con unas leves excepciones son unas elecciones tranquilas. Hay un control total y absoluto de la fuerza pública y los hechos ocurridos a partir de las cero horas de hoy 27 de octubre son relativamente pocos», aseguró el ministro de Defensa, Guillermo Botero, al término de una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde se supervisan los comicios.
Las situaciones más graves han ocurrido en los municipios de Pijiño del Carmen y San Zenón, en el caribeño departamento de Magdalena, donde votantes que no pudieron sufragar al haber sido anulado su registro electoral por presuntas irregularidades destruyeron puestos de votación.
«Hemos tenido problemas en San Zenón, son diez puestos de votación y se ha votado en cinco (…) Allí no se han suspendido las votaciones, nunca se suspenden, siempre terminan a las 16.00 (21.00 GMT), aunque en algunos casos el material puede haber llegado tarde», afirmó Botero.
En videos publicados en las redes sociales se ve a ciudadanos que patean y rompen las urnas que ya tenían votos depositados en un puesto de Pijiño del Carmen, mientras que en San Zenón un grupo de personas rompió las tarjetas electorales luego de que se les notificará horas antes que no podían votar.
Por otra parte, Botero aseguró que en la región del Bajo Baudó, en el departamento del Chocó (oeste), guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentaron impedir la entrega del material electoral en una aldea remota pero la situación fue controlada por las autoridades.
En el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, el candidato a alcalde César Alzate fue atacado con piedras cuando estaba votando, según denunció, por un simpatizante de otro aspirante.
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«Estoy bien (…) Fue un incidente que hoy no tenemos que lamentar. Me golpearon con una piedra», afirmó Alzate en un video publicado en las redes sociales.
Transcurridas cinco de las ocho horas de votación las autoridades habían detenido a 23 personas por delitos electorales, entre ellos la compra de votos, práctica habitual en el país donde mucha gente apoya a determinado candidato a cambio de dinero o ayudas de todo tipo.
Uno de los casos sucedió en Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), donde fueron arrestadas dos personas que estaban repartiendo bonos para entregar mercados a cambio de que votaran por un candidato.
En San Onofre, en el departamento de Sucre, en el norte del país, fue detenida una persona a quien se le incautó la suma de 294 millones de pesos (unos 87.000 dólares) y en la localidad de Sucre, de la misma región, a otra se le decomisaron 78 millones de pesos (unos 23.000 dólares).
También fue capturada en el departamento caribeño de Atlántico una mujer que tenía 1,1 millones de pesos (unos 350 dólares) y una lista de posibles votantes a los que supuestamente les iba a pagar por su voto.
En el vecino Bolívar fue detenida una persona que llevaba 17 sobres con 50.000 pesos cada uno (unos 14 dólares) para repartir a cambio de los votos.
Por otra parte, la Fiscalía informó que gracias al plan para garantizar la transparencia electoral halló en el Magdalena a dos personas que habían sido denunciadas como desaparecidas.
«A las urnas se acercaron dos personas que estaban reportadas como desaparecidas en los registros actualizados de desaparecidos que maneja la Fiscalía. Luego de verificar la documentación correspondiente firmaron la respectiva acta de supervivencia», afirmó el delegado contra la Criminalidad Organizada de ese organismo, Álvaro Osorio.
Agregó que cuando se presentaron a votar fueron detenidas 58 personas sobre las que pesaban «órdenes judiciales vigentes por diferentes delitos como concierto para delinquir, extorsión, hurto, tentativa de homicidio, delitos contra la administración pública, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria».
Hasta el mediodía, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) recibió 93 quejas y denuncias del proceso electoral, principalmente en las regiones de Antioquia, Bogotá, Santander y Bolívar.
«Los hechos que prioritariamente se han reportado son presunta participación de los funcionarios en política, perturbación en el desarrollo normal de las elecciones, constreñimiento al elector, y publicidad indebida por parte de los candidatos», afirmó el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, en una rueda de prensa.
Efe
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