Decenas de afectados por el megaincendio que en febrero del año pasado calcinó barrios enteros en la región de Valparaíso (centro de Chile) y dejó al menos 137 muertos se manifestaron este lunes frente al Congreso Nacional para denunciar «abandono» y reclamar más ayudas para reconstruir sus viviendas.
«Lo perdimos todo, todo lo que construimos durante años y no podemos construirlo de nuevo en un año. Estamos viviendo de una forma denigrante, (las autoridades) tienen que hacerse cargo», dijo en Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes, creada tras el incendio.
Al grito de ‘No más mentiras’ y con pancartas con lemas como ‘A un año del megaincendio no hay soluciones habitacionales’, los afectados denunciaron la lentitud del proceso de reconstrucción y amenazaron con iniciar huelgas de hambre si no reciben soluciones pronto.
«Hemos sufrido el abandono y espero que las autoridades nos escuchen. Nosotros somos víctimas de un atentado y espero que a este Gobierno indolente no se le olvide», indicó por su parte Jaqueline Lazcano, vecina de Quilpué, una de las localidades afectadas.
«Necesitamos más ayuda. tengo vecinos que ni siquiera pueden forrar ni levantar sus casas. Nos sentimos abandonados. Con el bono que da el Gobierno no alcanza, los materiales están caros», añadió a EFE Jane Leon, cuya familia es una de las 15.000 sufrieron daños en su vivienda.
Chile vivió a principios de febrero la ola de incendios más mortífera de su historia y que se convirtió en la peor tragedia desde el terremoto de 2010.
El fuego empezó el 2 de febrero en la mañana en cuatro focos simultáneos en el Parque Natural del Lago Peñuelas y se propagó rápidamente a los cerros que rodean la ciudad de Viña del Mar, debido a las fuertes rachas de viento y las temperaturas extremas de esos días.
Las llamas también saltaron a las localidades de Quilpué y Villa Alemana, todas ubicadas en Valparaíso, a 100 kilómetros al noroeste de Santiago.
La alta densidad poblacional en terrenos de difícil acceso, sumada a la prolongada sequía en Chile, dificultaron las tareas de extinción.
Alcaldes de las localidades afectadas llevan meses denunciando también la lentitud de la reconstrucción y la dificultad de los vecinos para acceder a las ayudas estatales.
Hasta ahora hay siete personas detenidas como presuntos responsables del fuego, entre ellos varios bomberos y funcionarios de la Corporación Nacional Forestal, la agencia gubernamental encargada del control de los bosques.
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