Este miércoles pasado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió a los países de la región extraditar a aquellos miembros del Tren de Aragua que se encuentren detenidos en cárceles extranjeras, a fin de que sean procesados en Venezuela y “reciban la máxima pena” que contemplan las leyes del país caribeño, es decir 30 años de cárcel.
El funcionario aseguró que dicha banda criminal ya fue desmantelada en suelo venezolano y que al menos “50 personas” vinculadas a “ese grupo estructurado de delincuencia organizada” están detenidas. “Y los que están prófugos tienen solicitud de alerta roja y están fichados por Siipol (Sistema de Investigación e Información Policial) con orden de aprehensión”, señaló.
“País que pueda tener alguno de estos delincuentes aprehendido deberá, en base a esas órdenes de aprehensión y alertas rojas, entregarlos a nuestra nación para que sean implacablemente procesados, como lo hemos demostrado, recibiendo los mismos la máxima pena”, demandó Saab, quien además sostuvo que Venezuela es “uno de los lugares más seguros del mundo” por estos días.
Sin embargo, sus declaraciones fueron vistas con escepticismo por el el Gobierno chileno y el subsecretario de Interior chileno, Luis Cordero, descartó de plano enviar de vuelta a su país sobre todo a los miembros de la célula “Los Piratas” del Tren de Aragua, encargada del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Santiago, según las autoridades policiales.
Dicha célula fue desbaratada en un megaoperativo policial la mañana del miércoles y seis de sus miembros fueron detenidos, uno de los cuáles -ahora testigo protegido-, aseguró que la orden de asesinar al exmilitar venezolano vino desde el número dos de Venezuela, Diosdado Cabello.
“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró el sujeto, según reveló una nota de CHV Noticias.
Dicho testigo es apuntado como una de las personas que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, metido dentro de una maleta, bajo una losa de cemento de un metro y medio. Y una foto tomada por él mismo daría plena cuenta de ello.
Su testimonio es fundamental, pues corrobora la tesis del Ministerio Público chileno de que el secuestro y crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela, la que también es compartida por el Gobierno chileno.
La noticia fue refrendada horas más tarde por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien en conversación con T13 Radio indicó que “el fiscal Barros confirmó hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.
“Al menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”, sostuvo el máximo persectuor chileno.
“Hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo (…) con motivaciones políticas”, remató.
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