La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) expresaron su preocupación por los “impactos que la minería ilegal y otras economías ilícitas están teniendo sobre la vida, la salud y la supervivencia del pueblo yanomami en el Arco Minero del Orinoco”.
En un comunicado publicado en X, la CIDH señaló que, “ante el incremento de la violencia, la propagación de enfermedades infecciosas y el deterioro ambiental”, el Gobierno de Nicolás Maduro debe adoptar medidas concretas e inmediatas “para proteger sus derechos humanos desde un enfoque culturalmente adecuado”.
La CIDH hizo eco de las denuncias de pueblos yanomamis que han advertido sobre la presencia de mineros ilegales de Colombia y Brasil, que exacerba la violencia en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
“Esta situación ha generado un aumento significativo del desplazamiento forzado, la trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de esclavitud, especialmente de personas mayores, niñas, niños y mujeres. Como resultado, los modos de vida tradicional y la propia existencia del pueblo yanomami están desapareciendo”, expresaron.
También mencionaron que la “crisis sanitaria aguda” existente profundiza “el desamparo que atraviesan las comunidades indígenas de la región amazónica ante casos de contaminación del agua por mercurio (con impacto en la caza y pesca y su consecuente aumento de desnutrición) y la exposición a nuevos patógenos”.
“(Los) líderes indígenas han alertado sobre la prevalencia de enfermedades por infecciones respiratorias, tuberculosis, diarreas, hepatitis y, en general, de trasmisión sexual y otras prevenibles con vacunas. De acuerdo con registros propios del pueblo Yanomami, la malaria habría provocado la muerte de al menos 390 personas indígenas en los últimos dos años”, indicaron.
Asimismo, resultaron que los pueblos indígenas tienen derecho a una “protección especial de su integridad física, psicológica y cultural, que les permita vivir libres de violencia, discriminación y explotación”.
“Este derecho implica salvaguardar su cultura, territorio y autodeterminación, que son esenciales para su identidad, bienestar y supervivencia. En consecuencia, Venezuela debe adoptar medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar acciones que amenacen la vida y la integridad del pueblo yanomami, ya sean perpetradas por terceros o agentes estatales”.
Finalmente, la CIDH y Redesca agregaron que dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco “es complejo debido a la opacidad informativa, la renuencia del Estado al escrutinio internacional y la falta de independencia de instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo”.
“(Urgimos) al Estado a producir y publicar información verificable sobre la situación del Pueblo Yanomami y adoptar medidas urgentes para que las instituciones creadas para promover y defender los derechos humanos funcionen de forma autónoma e independiente”, sentenciaron.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) October 21, 2024