Aunque la legitimidad de Nicolás Maduro en el país y en el exterior se debilita aún más tras las reñidas elecciones venezolanas, todavía tiene una ventaja: Estados Unidos no puede darse el lujo de golpearlo donde más le duele.
Rescindir las licencias a las compañías energéticas que operan en Venezuela solo conllevaría el riesgo de empeorar la precaria situación económica del país y podría contribuir a un éxodo en un año electoral estadounidense en el que la migración es el centro de atención. En cambio, se espera que el Tesoro de Estados Unidos adopte una estrategia más específica y personal en torno al aparato electoral de Maduro al sancionar individualmente a 15 funcionarios que, según afirma, ayudaron a obstruir la votación del 28 de julio.
“Estados Unidos está buscando formas de responder simbólicamente a las elecciones sin exacerbar las vulnerabilidades de la política interna, como la migración y los precios más altos del petróleo antes de las elecciones de noviembre”, dijo la analista de Eurasia Group Risa Grais-Targow. Si bien “eso deja más espacio para una negociación y un enfoque multilateral, no veo a Maduro bajo mucha presión para dejar el poder”.
La idea es que si Estados Unidos puede hacerles la vida difícil a los aliados y facilitadores de Maduro, estos podrían reconsiderar su lealtad a un líder autocrático que se adjudicó la victoria en una elección que muchos funcionarios internacionales dicen que fue fraudulenta.
Si bien las sanciones individuales “pueden ejercer cierta presión en áreas estratégicas donde los individuos pueden no esperar ser afectados”, es poco probable que produzcan cambios antes de que Maduro preste juramento para un tercer mandato en enero, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
Ese lapso de cuatro meses es una oportunidad crucial para que Estados Unidos y la comunidad internacional presionen a Maduro para que negocie antes de que asuma el cargo por otros seis años. Además, el año próximo se celebrarán elecciones regionales y parlamentarias.
Esa urgencia se ve subrayada por la rapidez con la que el líder de Venezuela ha creado la versión más represiva de su gobierno hasta el momento, tomando prestadas tácticas policiales de estilo cubano para reprimir las protestas e intimidar a los disidentes.
“Sin duda creo que Estados Unidos debería hacer mucho más”, dijo la líder opositora María Corina Machado durante una conferencia de prensa virtual el jueves. “Estas compañías petroleras deberían entender que lo mejor para ellas, así como para los acreedores venezolanos, es que haya una transición a la democracia lo más rápido posible”.
A excepción de algunas apariciones públicas, Machado ha estado escondida en Venezuela desde principios de agosto, temerosa de ser arrestada por el régimen.
Apenas unos días después de la votación, las fuerzas policiales del gobierno detuvieron a 2.400 manifestantes, incluidos más de 100 menores de edad. Maduro y sus altos funcionarios sembraron el terror mediante una operación de seguridad ampliamente publicitada llamada “Tun-Tun” o “Toc-Toc”. La televisión estatal difundió videos de la policía de inteligencia irrumpiendo en las casas de los manifestantes para arrestarlos. Imágenes compartidas desde algunos de los barrios marginales más grandes de Caracas mostraron que la policía de inteligencia había pintado equis negras en las casas de los partidarios de la oposición.
Más recientemente, Maduro detuvo a cuatro destacados políticos de la oposición y ordenó el arresto del candidato presidencial Edmundo González.
“Es poco probable que sanciones individuales y selectivas en vista de una represión a esta escala hagan una diferencia en el cálculo de Maduro”, dijo Carrie Filipetti, directora ejecutiva de la Coalición Vandenberg, con sede en Washington.
“La administración Biden debe mostrar liderazgo en este asunto y dejar en claro que hay consecuencias reales”, dijo Filipetti. “Hay una ventana cada vez más estrecha en la que podemos hacerlo de manera efectiva antes de que Maduro vuelva a tomar posesión ilegalmente”.
El enfoque más eficaz que podría adoptar Estados Unidos es ir tras las licencias individuales que tienen las compañías petroleras, dijo Berg. La mayoría de las sanciones se restablecieron en abril después de que el régimen incumpliera el acuerdo para elecciones justas y libres alcanzado en Barbados el año pasado, pero Washington ha permitido que algunas grandes petroleras sigan comprando y produciendo crudo venezolano, incluidas Reliance, Repsol y Maurel & Prom. La licencia para operar de Chevron Corp. se renovó por otros seis meses a partir del 1 de septiembre, lo que le permite seguir bombeando alrededor de 200.000 barriles por día.
Machado evitó repetidamente referirse a esta opción específica en su última conferencia de prensa.
Maduro logró salir adelante durante los años más duros del bloqueo petrolero de Estados Unidos, pero se apoyó en aliados para sortear las sanciones y aun así no pudo evitar las consecuencias económicas.
Ahora, mientras se aferra al poder, la industria petrolera es el principal motor que mantiene a flote la economía venezolana. El suministro de divisas de operadores extranjeros como Chevron ha desempeñado un papel importante en llevar la inflación de Venezuela a nuevos mínimos. Los analistas estiman que la producción de Venezuela puede aumentar a 1 millón de barriles de petróleo al día en 2025, antes de estancarse al año siguiente.
Por eso, al menos por ahora, Maduro “probablemente pueda sobrevivir” con el apoyo político y económico del “eje autoritario”, que incluye a China, Rusia, Corea del Norte y otros, dijo Berg.
“No tendrá demasiados amigos”, dijo, “pero puede sobrevivir”.
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