La ONG Foro Penal denunció que este viernes se realiza el traslado, sin previo aviso, de varios detenidos en el estado Nueva Esparta, tras las protestas poselectorales desencadenadas el 29 de julio.
«Traslado de detenidos en el contexto de las protestas postelectorales en el estado Nueva Esparta, Venezuela, familiares desconoces el lugar donde los llevan, indican avión preparado para traslado fuera de la Isla de Margarita».
La organización resaltó que es una violación al debido proceso que no sean notificados los traslados, además del impedimento a acceder a la defensa privada.
«Recordamos que las autoridades al no informar a los detenidos y a sus familiares, a donde los van a trasladar, están incurriendo en violación al Artículo 44, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Del mismo modo entran en violación del Artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal, al impedir que los detenidos nombren como defensa a abogados de su confianza. Dichas prácticas han vendido sucediendo en la mayoría de los casos de detenciones en el contexto postelectoral».
#30Ag Nueva Esparta. Traslado de detenidos en el contexto de las protestas postelectorales en el estado Nueva Esparta, Venezuela, familiares desconoces el lugar donde los llevan, indican avión preparado para traslado fuera de la Isla de Margarita.
Recordamos que las autoridades… pic.twitter.com/z8fzgfUxf6
— Foro Penal (@ForoPenal) August 30, 2024
La organización registra 1.780 detenidos -de los cuales 1.550 son hombres y 230 mujeres- durante las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en el que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Nicolás Maduro, algo que la mayor coalición opositora considera como «fraude» y que cuestiona buena parte de la comunidad internacional.
Asimismo, el bloque antichavista asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo según el «83,5 % de las actas electorales» que dicen haber reunido a través de testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales, documentos que el Gobierno tacha de «falsos».
Según cifras oficiales, durante las protestas poselectorales se registraron más de 2.400 detenidos y 25 muertes, de las cuales el Gobierno responsabiliza a la oposición, mientras que órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el «uso arbitrario de la fuerza» por parte del Estado.
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