Setecientas octavillas de papel vuelan desde un balcón en un concurrido cruce del popular barrio de Centro Habana.
Son las 11 de la mañana del lunes 14 de junio de 2021.
Muchos transeúntes circulan indiferentes y otros recogen los panfletos para leer su contenido.
Por BBC MUNDO
«El pueblo exige elecciones libres”, “Libertad para los presos políticos”, «Pensar diferente no es delito”, “Abajo el comunismo” o “Llegó la hora” son algunos de los lemas impresos junto con citas de los próceres cubanos José Martí y Antonio Maceo.
Menos de 24 horas después arrestan al periodista y disidente Lázaro Yuri Valle Roca, que había coorganizado y filmado este acto de protesta.
Es el inicio de su paso de tres años por prisiones cubanas que califica como un «infierno».
Valle Roca recibió la libertad a cambio de exiliarse a Estados Unidos, donde llegó a principios de junio junto a su esposa, la también activista Eralidis Frómeta.
Desde la casa de un familiar en Filadelfia, donde se han instalado provisionalmente, relata en diálogo con BBC Mundo las precarias condiciones de las cárceles, el trato degradante y las agresiones sufridas.
BBC contactó por teléfono y email a representantes del gobierno cubano para obtener su postura sobre los supuestos abusos en el sistema penitenciario y el caso específico de Valle Roca, pero no obtuvo respuesta.
La Habana, en todo caso, siempre ha negado que en sus prisiones se cometan violaciones de derechos humanos.
El calabozo
Valle Roca, de 63 años, es un conocido activista con una larga trayectoria de oposición al sistema comunista vigente en Cuba desde la Revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder.
Como periodista colaboró con varios medios, entre ellos el opositor Radio y TV Martí con sede en Miami, y junto a su esposa fundó en 2018 “Delibera”, una pequeña plataforma con contenidos contra el gobierno cubano y pro democracia.
Pese a sus críticas por casi tres décadas al régimen, hasta 2021 el tiempo más largo que había pasado encerrado, afirma, fueron 15 días en un calabozo de la policía en La Habana.
Pero en junio de ese año decidió pasar de las palabras a la acción: “Ya nosotros habíamos preparado las octavillas. Yo me encargaba de filmar lo que se hacía mientras que mi compañero iba lanzando los papeles”, recuerda.
Delibera publicó la grabación del lanzamiento de panfletos en un video de Youtube.
Al día siguiente arrestaron a Valle Roca y lo llevaron al cuartel de Villa Marista, sede del aparato de Seguridad del Estado (contrainteligencia) del Ministerio del Interior, donde, según su relato, le dieron una paliza y lo recluyeron en un calabozo.
Allí pasó los primeros 50 días de su encierro «sin medicamentos y comiendo mal, ya que los policías incautaban todos los alimentos que me traía mi esposa», asegura.
Desde su celda se enteró de las casi inéditas protestas del 11 de julio de 2021 -las mayores en seis décadas en Cuba- «por lo que hablaban mis carceleros, que estaban muy nerviosos y comentaban lo que estaba pasando».
“Saber que el pueblo había salido a la calle me dio fuerza, sentí que tenía que estar vivo, que no podía morirme”, relata.
Tras 50 días en Villa Marista lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este, en la periferia oriental de La Habana, y le comunicaron los cargos que se le imputaban: “propaganda enemiga” y “resistencia”, este último por supuestamente oponerse al arresto, algo que él niega.
La cárcel
El Combinado del Este, que alberga a parte de los reclusos encarcelados por motivos políticos, es una de las prisiones más temidas de Cuba.
Ocupó el primer lugar en la lista de reportes de violaciones de derechos en centros penitenciarios compilada este mes por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
La ONG denunció la “crítica situación sanitaria, falta de medicamentos y pésima atención médica” de esta y otras cárceles de la isla, así como el hambre y el hostigamiento que sufren los reos.
Testimonios recientes apuntan a que la grave crisis económica que sufre Cuba -con una acuciante escasez de alimentos y medicinas- estaría reduciendo las raciones que se suministran a la población reclusa al mínimo imprescindible para sobrevivir.
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